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Nueva enmienda

El Senado aprueba la ley que quiere eliminar el papel de los Juzgados desde enero de 2016

04/09/2015
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Introduce una nueva enmienda que permitirá a los herederos de los abogados reclamar minutas impagadas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que marca la obligación de que los Juzgados trabajen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 enero de 2016, ha recibido este miércoles el aval del Senado con el voto del PP.

La reforma pretende la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales. Tras su aprobación en la cámara alta, el texto pasará de nuevo al Congreso para su aval definitivo.

El Pleno ha rechazado los cinco vetos planteados a la norma y sólo han incluido una de las 260 enmiendas presentadas por los grupos. A propuesta de CiU, se permitirá a los herederos de los abogados reclamar honorarios no satisfechos después de su fallecimiento. También se han aprobado cuatro enmiendas transaccionales sobre aspectos técnicos y las 24 planteadas por el grupo 'popular'.

Los grupos de la oposición han criticado de forma unánime la reforma. Tanto el PSOE como IU han denunciado que la obligación de eliminar el papel dentro de sólo cuatro meses supone una "nueva imposición" a los profesionales de la Justicia.

En opinión del senador socialista Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, la reforma es innecesaria y no responde a ninguna necesidad urgente. Por contra, privatiza aspectos fundamentales del ejercicio de la Justicia. "Para lo poco que les queda no menoscaben más los derechos de los españoles", ha dicho.

Iglesias, de IU, ha destacado, por su parte, los esfuerzos vanos efectuados hasta el momento para intentar adaptar los medios electrónicos a los tribunales, y ha dudado que "imponer su uso" sea una solución para lograrlo.

La senadora popular María del Carmen Dueñas ha defendido que el objetivo de su partido es luchar por la modernización de la Justicia y ha precisado que los Presupuestos Generales del Estado prevén aportar 64,62 millones al Plan de aceleración de la Justicia en entornos digitales, avanzar hacia el papel cero y la Justicia en red, un 35,7% más.

COMUNICACIONES ENTRE PROFESIONALES

La nueva norma obliga a que las comunicaciones entre profesionales de los órganos judiciales se realicen de forma exclusiva a través de medios informáticos a partir del próximo año y en todos los órdenes jurisdiccionales.

Así, los jueces podrán emplear datos de correo electrónico y de número de teléfono para localizar a los demandados. De esta forma, el Ministerio de Justicia defiende que se hará habitual en la Administración de Justicia la recepción electrónica de las notificaciones que hasta ahora se recibían en papel. Además, se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.

En relación a los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia, la reforma confiere nuevas funciones a los procuradores, que se encargarán, por ejemplo, de habilitar los medios necesarios de forma que pueda garantizarse el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.

En cuanto a la presentación de escritos y documentos, a partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán también obligados a emplear los medios electrónicos existentes para realizar esta actividad. Para hacerlo efectivo, la administración competente deberá de habilitar los medios técnicos necesarios antes de dicha fecha.

Una de las frases más escuchadas durante el debate ha sido la alusión a que las modificaciones en esta ley darán paso a una "justicia a dos velocidades", calificativo que han empleado, entre otros, el representante del PNV Jokin Bildarratz y la senadora de Podemos Maribel Mora.

"Estamos a favor de mantener los servicios públicos en manos públicas. No se agiliza la justicia privatizando funciones", ha agregado Mora.

MODIFICACIÓN DE LA JUSTICIA GRATUITA

El Gobierno ha optado además por incluir en esta norma la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que impulsó el exministro Alberto Ruiz-Gallardón para 'compensar' la creación de nuevas tasas judiciales y que ampliaba los beneficiarios que pueden acogerse a este servicio.

En vía de enmiendas en el Congreso de los Diputados, los 'populares' incluyen la mayoría de las disposiciones de peso del proyecto lanzado por Gallardón y definen dos tipos de destinatarios de esta cobertura: quienes no tienen recursos suficientes para litigar y quienes tienen este derecho con independencia de su nivel de renta.

El Ejecutivo ya aprobó en febrero de 2013 un decreto ley por el que modificaba la polémica ley de tasas judiciales y anticipaba la aplicación de puntos esenciales de la Justicia Gratuita para que los nuevos beneficiarios pudieran acogerse desde ese mismo momento. Entre ellos, se encontraban todas las víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos, de terrorismo, de accidentes graves, así como menores o discapacitados que hayan sufrido abusos o maltrato.

ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS

La Ley de Enjuiciamiento Civil incluye, también, una disposición que permitirá a las asociaciones de víctimas del terrorismo disfrutar de justicia gratuita con independencia de sus recursos económicos. El partido del Gobierno plantea modificar la norma de 1996 que regula la asistencia gratuita para ampliar este derecho a los colectivos que tengan como fin "la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo".

Asociaciones como la AVT o Dignidad y Justicia quedarán exentas del pago de las costas y resto de los costes, como los servicios de abogado y procurador. Tendrán derecho al asesoramiento previo y a atención jurídica especializada cuando interponen una denuncia, mientras que los menores y las personas con discapacidad contarán con asistencia pericial especializada.

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