OVIEDO, 24 (EUROPA PRESS)
La juez no aprecia ilicitud penal alguna y más concretamente delitos de índole económica, en relación a la forma en que fueron efectuados los pagos de Sedes a Jovellanos XXI tras la firma del contrato de compraventa el día 30 de marzo de 2004, sino que los mismos fueron efectuados conforme a los términos pactados.
La magistrada sostiene que "no ha quedado acreditado que los hechos denunciados revistan carácter de ilícito penal, y es que de estimar la existencia de algún tipo de irregularidad en la adjudicación de los terrenos del denominado 'Palacio de Calatrava' y posterior adquisición y permuta, debería, en su caso, de haberse dirimido ante los órganos pertinentes y por lo cauces oportunos, pero no ante la jurisdicción penal.
Tampoco aprecia relevancia penal en los contratos de préstamo hipotecarios perfeccionados por la entidad Sedes con la entidad Cajastur sobre las fincas permutadas.
"Ni de igual modo concurren elementos suficientes para entender que la conducta de las personas que de una manera u otra emitieron informes o aprobaron resoluciones pudiera ser constitutiva de infracción penal propia de alguno de los Delitos contra la Administración Pública.
