SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
En su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, Maeztu responde así a una queja elevada por Facua y sugiere que, "conforme a los criterios adoptados por el Tribunal Superior de Justicia en el seno de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación, y oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se promuevan todas las iniciativas de impulso y convicción ante el Gobierno de la nación para la creación de, al menos, tres nuevos juzgados de lo Mercantil en Sevilla".
Asimismo, Maeztu recomienda que "se evalúen las necesidades de las plantillas y dotaciones de personal destinando los puestos de trabajo acordes con las cargas y funciones asumidas por los juzgados de lo Mercantil de Sevilla".
El Defensor señala que "viene tratando" el "problema" de los juzgados de lo Mercantil, "tanto de oficio como a instancia de parte, en sendos expedientes, ambos aún en plena tramitación", y recuerda que la carga de trabajo en los dos juzgados de lo Mercantil de Sevilla triplican las previsiones asignadas, con una media de 1.536 asuntos recibidos por año y órgano, cuando el límite máximo fijado por el Pleno del CGPJ es de 399 asuntos de entrada por año.
"Tales incrementos de asuntos explican, ciertamente, el volumen de trabajo que se residencia competencialmente en estos órganos, cuya respuesta carece a todas luces de la capacidad para absorber, en términos de suficiencia, la gestión y resolución de los asuntos acorde con parámetros aceptables de servicio", considera Maeztu, que añade que se trata de "una afectación muy repartida y común entre los dos juzgados mercantiles, que parece superar cualquier idea de que los problemas detectados tuvieran un foco concreto en señalados juzgados".
"GRAVES DILACIONES"
Frente a ello, "nos encontramos ante una situación generalizada de graves dilaciones, consolidada a lo largo de estos últimos años, y que se confirmaría en los datos que se ofrezcan respecto del concluido ejercicio de 2014", dice en esta resolución consultada por Europa Press el Defensor del Pueblo, que agrega que, desde la Consejería de Justicia e Interior, se ha informado de la puesta a disposición de una serie de puestos de refuerzo.
"Aunque nos señalan medidas de refuerzo, hemos de colegir que los resultados obtenidos en su conjunto no presentan cambios significativos de mejora que permitan dedicarle una valoración satisfactoria en orden a la consecución de unos objetivos que debieran alcanzar la superación o, al menos, una perceptible mejora de la situación", pone de manifiesto Maeztu, que no obstante reconoce "el esfuerzo profesional y dotacional que implica este reducto de medidas de refuerzo acordadas".
Añade que las medidas de refuerzo funcionariales destinadas a estos órganos judiciales "no han logrado revertir la situación de graves dilaciones que pesan sobre los rendimientos de los juzgados mercantiles de Sevilla", por lo que "los problemas sobre el servicio prestado a justiciables y profesionales de la Administración de justicia ofrecen un pronóstico de persistir y con una tendencia altamente probable de colapsar en un futuro inmediato".
Maeztu, que destaca la "escasa receptividad del Gobierno de la Nación para adoptar las medidas sobradamente fundadas y tantas veces propuestas", opina que "ni la planta judicial es idónea, ni su organización garantiza la efectividad de la protección judicial de los derechos de los justiciables".
"TERRORÍFICO"
"A la vista de la situación analizada, cualquier referencia a los estándares de calidad de servicios, plazos procesales o derechos reconocidos en la Carta de Servicios del Consejo General del Poder Judicial quedan degradados a una vaga referencia perfectamente opuesta a las capacidades de respuesta que pueden ofrecer los Juzgados de lo Mercantil en Sevilla", asevera.
Maeztu, al hilo, asevera que "la organización y planta de los Juzgados de lo Mercantil de Sevilla amenaza con no poder garantizar el derecho constitucional a merecer una tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías y sin dilaciones indebidas, en los términos recogidos en el artículo 24 de la Constitución".
En esta línea, relata que los hechos descritos en sus quejas "por muchas personas y profesionales" sobre el funcionamiento de los juzgados mercantiles "han adquirido la categoría de ejemplos veraces y ajustados que acreditan una grave situación de dilaciones e inadecuado funcionamiento" de estos órganos judiciales.
"Los titulares de varios de estos juzgados ratifican la situación de un número de asuntos que sobrepasa con creces los módulos de carga de trabajo y que dibujan un resultado terrorífico a pesar del extremo esfuerzo que se vuelca debido a una sobrecarga inasumible de asuntos", afirma, añadiendo que "las medidas paliativas acordadas no han corregido la situación; en cambio, las soluciones están perfectamente definidas y propuestas pero no se han adoptado, ante la negativa a la creación de nuevos órganos judiciales".
PIDE UNA REACCIÓN "FIRME"
Tras resaltar la actitud de la Consejería de Justicia por su "comprensión y hasta loable prudencia a la hora de poner de manifiesto estas necesidades y exigir las respuestas obligadas", Maeztu entiende que "el problema es de tal magnitud que merece acaparar las prioridades de las discusiones y asuntos que ocupan un lugar preferente en las agendas institucionales o políticas".
"No podemos postergar por más tiempo las reacciones firmes y argumentadas que aguardan la sociedad andaluza y los operadores jurídicos para revertir esta situación y, por ello, el Defensor no debe dejar de manifestar su criterio en orden a perseguir las soluciones sobradamente acreditadas, legalmente previstas y socialmente inaplazables", sentencia.
