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Abono para la impunidad

Juristas critican en el Congreso los plazos que limitan la instrucción a un máximo de 36 meses

13/05/2015
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Muestran también reticencias a que no se remitan al juez atestado en casos de autor no conocido

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Juristas y magistrados han criticado este martes ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el establecimiento de plazos para las instrucciones, que fija la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, y han advertido de que pueden servir de abono para que crezca la impunidad.

El Proyecto de Ley mantiene los límites que ya figuraban en el anteproyecto aprobado el pasado mes de diciembre. Así se prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses.

Los tres expertos que han comparecido ante la Comisión de Justicia, a propuesta de la Izquierda Plural, han criticado severamente la medida. Así, el magistrado y profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona, Carlos González Zorrilla, ha advertido que "cambiar la letra de la ley no cambia la realidad" y ha recordado que muchas de las causas cuya duración se quiere acotar investigan los casos "más graves y complejos de corrupción".

Por su parte, María Josep Feliu Morell, secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, ha destacado que estos plazos provocan "inseguridad jurídica" respecto a aquellas diligencias que se practiquen fuera de ellos.

La Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire Pérez, ha destacado otro problema de esta limitación de tiempo y ha señalado que resulta muy difícil combinarla "con la atención a las víctimas". Además, ha reclamado mayores recursos materiales para los juzgados y sus colaboradores.

OTRAS CRÍTICAS

Otro de los aspectos de la LeCrim que ha suscitado las reticencias de los expertos ha sido la no remisión de atestados policiales en delitos con autor no conocido.

En este punto, los tres juristas han solicitado un control previo de esos asuntos para evitar que casos que pueden revestir trascendencia no se investiguen.

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