ALMERÍA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La medida, aprobada este jueves en el seno de la comisión permanente, se enmarca en las adoptadas para el apoyo a juzgados que instruyen procedimientos por delitos de corrupción, y tramitadas por la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC).
Según indica el CGPJ en un comunicado, el refuerzo había sido solicitado por el titular del juzgado después de que la Audiencia Provincial de Almería respaldase en marzo la petición cursada por la Fiscalía, que interesó, de cara a poder facilitar el articulado del escrito de acusación, la transcripción de los 43 CD con las comparecencias en sede judicial de los 25 imputados y los testigos una vez se dicto auto de procedimiento abreviado.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado solicitar a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que dote al órgano judicial de los medios personales y/o materiales necesarios para llevar a cabo esta tarea.
El primer juez instructor de la causa, Luis Durbán, dictó en junio de 2014 el auto por el que acordaba continuar las diligencias por el trámite de procedimiento abreviado contra 21 personas, entre ellas el exvicepresidente de la Diputación, el socialista Luis Pérez.
Poco después, los abogados defensores presentaban presentado un recurso para pedir la práctica de nuevas pruebas ante el cierre la investigación judicial y el juez que asumió el caso resolvió imputar a otras cuatro personas.
INVESTIGACIÓN
El auto señala "indicios racionales" para apreciar la existencia de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público, tráfico de influencias y prevaricación, y sitúa en el centro de la supuesta trama a Pérez Montoya y a la exsecretaria delegada del Patronato de Turismo María Teresa González, así como a los dos responsables de la agencia de viajes Leitour y el empresario Joaquín Conde, a quienes atribuye "un plan" que se habría trazado en presencia del presidente del club Unicaja Voley, Ramón Sedeño, el tesorero del club, Guillermo Carmona, y el gerente, Antonio Jesús González.
Según este supuesto "plan", la agencia regentada por los imputados Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos "facturó y cobró sin justificación aparente alguna 281.083,82 euros" entre los años 2009 y 2011, de los que un total de "179.562 euros" se habrían "entregado por los administradores a Joaquín Conde".
Señala que esta práctica se habría iniciado tras "acordar" Pérez Montoya y "dar instrucciones" para que una deuda de 23.000 euros que Club Unicaja Voley había contraído con Leitour Viajes se abonase desde el Patronato y se habría fraguado en una reunión con presencia de Sedeño y de Conde.
Considera el juez que para su ejecución resultó "imprescindible" la colaboración de María Teresa González, quien, junto a Pérez Montoya y "a fin de dar apariencia de legalidad al pago", habría indicado a Guerrero y a Martos "que debían presentar en dicho organismo facturas por conceptos no reales".
"Así lo hicieron y conforme a este plan, la secretaria fue posteriormente dando su conforme a las facturas que remitía la agencia, que no se limitaron a cubrir la deuda del club deportivo sino que arrojaron un montante muy superior. Es decir, que salvo error u omisión, Leitour facturó y cobró sin justificación aparente alguna 281.083,82 euros", según sostiene.
El auto imputa al exvicepresidente de la Diputación, asimismo, el haber dado "conformidad, bien directamente o bien a través de la secretaria delegada" al pago de "numerosas" facturas emitidas por proveedores del Patronato de Turismo "a sabiendas que reflejaban conceptos correspondientes a bienes o servicios que no habían sido efectivamente prestados".
Recoge en esta línea que González, "concertadamente" con Pérez Montoya, habría ingresado en una cuenta bancaria personal 20.000 euros para atender al pago de los gastos correspondientes a Fitur 2011, "incluyendo en el posterior expediente de justificación de gastos dos facturas expresamente creadas al efecto por importes de 2.506 y 2.875 euros".
También apunta el juez que para "facilitar sus propósitos delictivos y actuar con mayor impunidad", habría privado a la jefa de negociado de sus principales funciones y acceso al programa de contabilidad y habría ordenado "la destrucción de numerosos expedientes y documentos antes de que se procediera legalmente a su expurgo".
VIAJES
El exvicepresidente de la Diputación Provincial está imputado, asimismo, por los indicios que señalan que habría "disfrutado y habría permitido a otras personas que lo hicieran" de diversos viajes que fueron abonados "con cargo al Patronato de Turismo sin justificación alguna" y alude, entre ellos, a uno realizado a Edimburgo (Escocia), "en el que se llevó consigo no sólo a su esposa, sino también a un matrimonio amigo", quienes también está procesado.
Mismo comportamiento con cargo "al erario público" atribuye el auto presuntamente a María Teresa González, quien "en algunos casos lo hizo en compañía de su hija u otras personas allegadas" y en otras "dio conformidad al pago de facturas de viajes de terceros". También le achaca "numerosas facturas y tickets a título personal de hostelería, taxi, parkings, papelerías o peajes" e, incluso, "el disfrute de mobiliario aparentemente destinado al Patronato" y de "cuatro iPhones que recibió con facturas en las que se hacía constar la instalación de equipos telefónicos".
En el apartado de los viajes incluye al exasesor del grupo socialista en la Diputación y funcionario del Ayuntamiento Juan Antonio Bisbal, quien habría realizado "numerosos desplazamientos y facilitó que familiares y allegados lo hicieran con cargo al Patronato y haciendo valer su relación con sus responsables. "En ocasiones --añade-- estos favores tuvieron por objeto la asistencia del imputado y otras personas a eventos del PSOE como también constan indicios de que pudo recibir terminales telefónicos".
El auto también se extiende al detallar las causas de procesamiento de Joaquín Conde, a quien apunta como "facilitador" ya que "favoreció las conversaciones que culminarían en el pago por parte del Patronato de la deuda de Unicaja Voley con la agencia Leitour Viajes y a quien acusa de "recibir en efectivo parte de las sumas abonadas a la agencia", en concreto 179.562 euros. Le imputa además emitir por su cuenta "numerosas" facturas con "conceptos falsos" al Patronato y "realizar viajes merced a sus relaciones con los responsables del mismo".
