MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
En su día, la Audiencia Nacional tuvo en cuenta para imponer las penas de prisión las "exageradas" dilaciones indebidas que sufrió el procedimiento, que permaneció "inmóvil" durante siete años y medio en los tribunales.
Ahora, el Supremo concluye que carece de toda eficacia probatoria la declaración prestada por Martínez en dependencias policiales que se utilizó contra él en el juicio.
En primer lugar porque no fue ratificada en sede judicial en la fase de instrucción y tampoco en la vista oral, ya que ante el juez el etarra se negó a declarar y después negó en el juicio la autoría de los hechos.
El alto tribunal afirma en la sentencia dada a conocer este lunes que deben deslindarse "de forma ostensible las diligencias que se practican en el marco de una dependencia policial y aquellas otras que tienen lugar en un juzgado de instrucción".
PRESIÓN AMBIENTAL EN COMISARÍA
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro, afirma que "la dosis de constreñimiento y presión ambiental con que se realizan algunas diligencias en un recinto policial poco tienen que ver con las garantías con que se opera en el marco judicial propio del procesal penal.
Insiste en que "en un contexto inquisitivo de esta índole" se reciba una declaración policial a un imputado o a un testigo y, a la postre, esa diligencia acabe operando de forma sustancial como prueba de cargo en un juicio penal, "contradice los principios sustanciales del proceso debido".
La sentencia de la Audiencia Nacional había declarado probado que los acusados colocaron un artefacto explosivo en la subestación eléctrica de Iurreta (Vizcaya) pasadas las 3 horas de la madrugada del 19 de junio de 2003. La bomba causó daños en el exterior de la edificación y en los equipos de control.
