MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Eloy Velasco de enviar a prisión al empresario David Marjaliza, amigo del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados y presunto "conseguidor" de la 'red Púnica', al considerar que de la instrucción puede deducirse que fomentó "detestables actitudes corruptas".
Así consta en un auto dictado este lunes por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en el que considera "adecuada, cabal y ponderada" la situación de prisión provisional incondicional dictada el pasado 31 de octubre por el juez instructor porque las "graves responsabilidades penales" que se le imputan "aumentan el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de obstrucción a las actividades desplegadas y por desarrollar" de la Justicia.
Estos "riesgos relevantes", a juicio de los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, no se mitigan mediante "la imposición de medidas cautelares menos drásticas que las actualmente vigentes, a pesar del arraigo personal y familiar del recurrente en Madrid".
En este sentido, señalan que el conocimiento de los hechos y la intervención de Marjaliza en la trama delictiva resulta "indiciariamente constatada, dadas sus relaciones con los demás implicados", hasta el punto de aparecer como "uno de los principales instigadores y beneficiarios de la red de corrpución política y económica desarticulada".
"Existen indicios, a través de las conversaciones telefónicas detectadas, el material documental ocupado, los registros efectuados y los seguimientos practicados que el imputado recurrente desarrollaba una prevalente actividad en un colectivo de personas dedicadas a mover voluntades en varios ayuntamientos de Madrid y en las esferas gubernamentales de la Comunidad de Madrid", señala el auto.
Sus objetivos, según el tribunal, eran los de "obtener cuantiosos beneficios ilegales en la contratación pública amañada y en la espuria recalificación de terrenos". Tras obtenerlos, el dinero fue "exportado a paraísos fiscales buscando su opacidad, con el consiguiente perjuicio al erario público y a la buena administración de la colectividad".
DETENCIÓN LEGAL
El auto, que rechaza el recurso de apelación contra el auto de prisión que presentó la defensa de Marjaliza, considera que su detención fue legal a pesar de permanecer 96 horas detenido cuando el máximo para casos que no son de terrorismo es de 72. El tribunal argumenta que las primeras 72 estuvo bajo tutela de la Guardia Civil y que el resto del tiempo su situación se regularizó bajo autorización judicial.
Tras apuntar que en ningún documento aportado a la causa aparece "un primer auto de detención ordenado judicialmente", la Sala destaca que el auto de entrada y registro al domicilio de Marjaliza no incluía "ninguna orden de detención", como demuestra el hecho de que su esposa, Adela Cubas, también imputada en el procedimiento, no fuera arrestada.
Así, los magistrados señalan que "en ningún momento" se ha podido constatar que la Guardia Civil no efectuara la detención de Marjaliza "de modo autónomo y sin atenerse a las específicas órdenes recibidas del magistrados instructor, que no existieron".
El empresario está imputado por los delitos de integración en organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsificación documental, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y negociaciones prohibidas a funcionarios.
NUEVAS DECLARACIONES EN ENERO Y FEBRERO
El juez Velasco tiene previsto realizar otras diez declaraciones de imputados y testigos en enero, así como otras ocho en febrero, que se sumarán a las 23 que realizó en noviembre y a las 25 que estaban programadas para este mes de diciembre, informaron fuentes jurídicas.
En octubre, cuando estalló la operación, el magistrado decretó el ingreso en prisión provisional de siete personas y la libertad de otras ocho, al tiempo que dejó a trece en prisión eludible con fianza --que oscilaban entre los 25.000 y los 300.000 euros-- y a cuatro más en libertad con la obligación de pagar fianzas de hasta 40.000 euros. La causa, que continúa bajo secreto, acumula ya un total de 35 tomos de documentación.
