MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que entra en vigor este miércoles, reserva dos puestos para las Cortes Generales en este Consejo, un asiento para el Congreso y otro para el Senado. En estos casos, los dos grandes partidos se suelen repartir esas plazas, como así se hizo a principios de legislatura con la Agencia de Protección de datos, de formato similar, pero esta vez el PSOE se ha negado a un acuerdo bilateral con el PP y propuso cambiar el sistema de elección para sortear los puestos entre todos los grupos.
El PP rechaza el sistema propuesto por el PSOE y, ante el desmarque de los socialistas, abrió conversaciones con los nacionalistas de CiU y del PNV. El Grupo Popular ya ha anunciado que presentará un candidato en el Congreso este miércoles, que es cuando acaba el plazo para presentar nombres en las dos cámaras. En cambio, y según informaron a Europa Press en fuentes de la Cámara Alta, el PP no propondrá a ningún senador.
Todo apunta, por tanto, a que la plaza reservada al Senado irá a parar a un nacionalista, presumiblemente del PNV, aunque los nacionalistas vascos siguen intentando que los puestos de los parlamentarios sean rotatorios. Si se cierra el acuerdo, su candidato sería el propio portavoz de los nacionalistas en el Senado, Jokin Bildarratz.
MAÑANA DEBEN SALIR LOS NOMBRES
El plazo para presentar candidatos acaba a las seis de la tarde del miércoles y, al día siguiente, en cuanto acaben las sesiones plenarias que tienen convocadas las dos cámaras, se reunirán las respectivas comisiones de Hacienda para aprobar sendas propuestas.
Pero las Cortes no son las únicas que deben elegir a su representantes en el Consejo de la Transparencia, que incluye otros cinco vocales del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría General de Administraciones Públicas y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, remitió hace unas semanas sendos oficios a estas instituciones para que se pusieran manos a la obra. Algunas como el Tribunal de Cuentas, todavía tienen pendiente decidir su candidato, mientras que el Defensor del Pueblo ya ha dado a conocer que su vocal en el consejo será su secretario general, José Manuel Sánchez Saudinós.
La intención del Gobierno es aprobar la composición completa del Consejo este viernes para constituirse bajo la presidencia de la experimentada funcionaria Esther Arizmendi, que ya está nombrada.
LOS VOCALES PODRÁN SERLO HASTA UNA DÉCADA
Conforme a la ley, los vocales serán nombrados por cinco años, igual que en este caso la presidenta del Consejo de la Transparencia pero, a diferencia de ésta, ellos si podrán prorrogar su mandato otro lustro.
Aunque el Estatuto del Consejo de la Transparencia no hace referencia al régimen retributivo de los vocales, el artículo 36 de la Ley de Transparencia deja claro que no tendrán "dedicación exclusiva" ni derecho a "remuneración". Sólo señala una excepción, la reunión que, al menos una vez al año, habrá de convocar la comisión a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias.
La presidenta del Consejo, por su parte, percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.
