MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La obra costará unos 483 millones de euros, que abonará la empresa adjudicataria. La Comunidad de Madrid pagará un canon de unos 45 millones de euros, que es lo que ahora se abona por el alquiler y los servicios de las 28 sedes judiciales distribuidas por Madrid, por lo que "no costará nada al contribuyente", ha recalcado el portavoz.
La concesión durará 30 años pero se empezará a contabilizar desde el día que se adjudiquen las obras, que será a partir de julio. Además, la Comunidad tendrá cuatro años de carencia, ya que no empezará a pagarlo hasta julio de 2019, con lo cual el pago del canon de alrededor de 45 millones de euros a la concesionaria será lineal durante 26 años y no durante 30 años.
En este sentido, la retribución al concesionario estará condicionada al grado efectivo de disponibilidad y calidad de los servicios prestados. Es decir, si incumple, no se le pagará todo el canon, por lo que tendrá que preocuparse por el buen mantenimiento de los edificios y no sólo por su construcción. Pasado el periodo de concesión, los edificios serán de la Comunidad.
El proyecto se aprobará mañana miércoles y saldrá a información pública durante un mes, periodo en el que podrán hacer alegaciones. Así, en febrero se sacará el concurso público de libre concurrencia. El consejero ha subrayado que no ha habido reuniones previas con ninguna empresa interesada y que el proyecto será "transparente".
El Gobierno regional espera que los proyectos de diseño de los edificios no sean ni especialmente refinados ni muy sencillos, sino "con calidades dignas, un diseño atractivo y funcional y moderno e igual para todos los edificios para abaratar costes". No se aprobarán rascacielos, porque "no son funcionales" ni edificios altos con ascensores, sino con escaleras mecánicas. Además, deberán dejar una cimentación para una posible ampliación de un edificio en el caso de que, con el tiempo, sea necesario construir.
Las propuestas que se presenten deben hacerlo con el concepto, diseño, construcción y mantenimiento (seguridad, limpieza, etc.) de los edificios durante esos años.
Para el consejero, no es problema que el resultado de las elecciones regionales de finales de mayo puedan trastocar el proyecto. "Creemos que es un proyecto desde hace décadas parado que todo el mundo quiere. Ahora es un buen momento para esta inversión, hace dos años no. No veo razones para dejar morir esto un año más. Y no le veo sentido que el último año de una legislatura un gobierno deje de gobernar por unas elecciones. Si fuera así no haríamos ningún gran proyecto", ha indicado Victoria, que además ha señalado que cuenta con el respaldo de la mayor parte del mundo judicial.
IMPACTO ECONÓMICO Y JUDICIAL
La Ciudad de la Justicia abarcará 200.000 metros cuadrados más otros 60.000 metros para explotación de infraestructuras y servicios (restauración, comercios, aparcamientos, etc.), lo que, según cálculos regionales, generará un aumento en el PIB de al menos una décima durante cada uno de los cuatro años que dure la construcción del complejo con mejora de la producción anual de 282,5 millones, unas ganancias de actividad de 118 millones y creación de más de 2.200 puestos de trabajo.
Se espera que cada día pasen por allí más de 25.000 personas, entre ciudadanos, profesionales de la Justicia y otro tipo de trabajadores. Adicionalmente, se dejará un espacio sin construir para futuribles ampliaciones.
Desde el punto de vista de servicio público, prevén que la Ciudad de la Justicia incremente en un mínimo del 20% la agilidad de la justicia por el ahorro directo de tiempo en desplazamientos y en traslados de expedientes, entre otros. Habría más señalamientos de juicios, porque el fiscal ya no perdería tiempo de ir de sede en sede en varios puntos de la capital, además de contar cada Juzgado con su propia sala de vistas, que hoy tienen que compartir entre varios.
Actualmente, Madrid es la segunda autonomía con mayor tasa de litigiosidad, con más de 200 asuntos por cada mil habitantes, un 10 por ciento más que la media nacional. Además, es la primera en número de órganos judiciales creados desde el 2003 (154) --con un total de 534-- y la primera con más funcionarios por juez, con un 9,7 de ratio.
Este dato de agilidad judicial, junto al dinamismo urbanístico y comercial supondría, según datos regionales, un incremento de 3.997 millones de euros durante los próximos treinta años, un crecimiento estructural del PIB adicional en alrededor de un 1,1 por ciento con una mejora de la actividad económica de 1.932 millones de euros y la creación de 40.800 empleos, más de 9.000 de elevada cualificación.
También calculan que su ubicación en Valdebebas, cerca del Ifema y el aeropuerto, supondrá un revulsivo para los desarrollos urbanísticos proyectados en las zonas Norte y Este de la capital, donde hay proyectadas más de 100.000 viviendas.
DIVISIÓN POR JURISDICCIONES
Victoria ha destacado que la Ciudad de la Justicia supone el proyecto más importante España de unificación de sedes judiciales, ya que agrupará los 356 órganos judiciales del Partido Judicial de Madrid que ahora están dispersos en 28 edificios de Madrid y a los 554 jueces y magistrados, 202 fiscales, 362 secretarios judiciales, a más de 5.000 personas al servicio de la administración de justicia, a más 42.000 abogados del Colegio de Abogados y 1.719 procuradores, además de a los ciudadanos.
El proyecto se ha concebido como un espacio práctico, por lo que quiere dejar atrás la división tradicional por juzgados para implantar la agrupación por áreas jurisdiccionales.
Por esa razón, habrá un primer bloque penal que albergará los juzgados de lo penal, incluyendo el Juzgado de Guardia, situado al principio del recinto para facilitar su funcionamiento las 24 horas los 365 días al año; juzgados de instrucción, secciones penales de la Audiencia Provincial, Fiscalía, Vigilancia Penitenciaria, Violencia sobre la Mujer y juzgados de Menores, estos últimos separados para garantizar mejores condiciones a las víctimas.
El segundo bloque estará destinado a los juzgados de lo Civil, incluyendo los de Primera Instancia y secciones civiles de la Audiencia Provincial, los juzgados de lo Social y Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), juzgados de lo Mercantil y sección mercantil de la Audiencia Provincial, de los Contencioso Administrativo, Sala de los Contencioso Administrativo del TSJM y Registro Civil.
El tercer bloque estará formado por un edificio institucional, que albergará las sedes del TSJM, el área de Administración Pública y las Salas Civil y Penal del TSJM. A estos hay que sumar el Instituto de Medicina Legal, ya construido en el inmueble popularmente conocido como 'el rosco', que también podría asumir otras funciones.
Esta organización supondría un ahorro directo en costes de mensajería y gastos de desplazamientos así como de suministros de los edificios que serán de alta eficiencia energética. De hecho, habrá una minicentral eléctrica para abaratar costes.
Además, según ha revelado Victoria, la Ciudad de la Justicia en su subterráneo contará con dos grandes aparcamientos, uno para empleados públicos y otro para ciudadanos, así como un espacio para un archivo centralizado que almacenaría todos los papeles necesarios, con la vista en una completa digitalización de la Justicia. "Hay una ley del uso de medios electrónicos que entra en vigor en 2016. Madrid ya se está preparando y podamos estar seis meses antes", ha señalado.
