MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Conferencia Sectorial se celebrará después de prácticamente un año cuando las comunidades se opusieron al reparto de fondos propuesto por el Ministerio para financiar el turno de oficio. Entre ellas, la Comunidad de Madrid advirtió que llegaría a reclamar la derogación de las tasas si no se cumplía el compromiso de pagar con cargo a ellas el servicio que prestan estos letrados.
Todas las autonomías exigieron al Ministerio, entonces capitaneado por Alberto Ruiz-Gallardón -ausente en aquella cita por culpa de una caída en su domicilio en la que se rompió dos costillas_ que cumpliera su palabra y financiara con cargo a las polémicas tasas judiciales la justicia gratuita.
Gallardón justificó estas tasas -que alcanzan los 800 euros en apelación o los 1.200 en casación_ en que mejorarían el servicio que se presta a los más desfavorecidos, sin embargo las comunidades han denunciado que no han recibido ni un solo euro para sufragar la justicia gratuita y se preguntan a dónde ha ido a parar el dinero.
CATALÁ ABANDONA LA PLANTA JUDICIAL PROPUESTA POR GALLARDÓN
En el encuentro con Catalá, se debatirán sobre reformas como el Código Penal o el nuevo Registro Civil de manos de los registradores mercantiles. Funcionarios y secretarios judiciales se han ofrecido para gestionar los Registros Civiles en el ámbito "público" y a coste cero para el ciudadano y afirman que "no salen las cuentas" si se entrega a los registradores.
La organización judicial también será un tema a debatir en la Conferencia Sectorial. Catalá abandonará la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de su predecesor, mantendrá los juzgados de paz, incluirá medidas organizativas y apostará por las nuevas tecnologías.
La revolución del mapa judicial, con supresión de partidos judiciales y tribunales de instancia, levantó una polvareda entre los barones y cuadros medios de todas las comunidades, incluidas las del PP, que veían como se quitaría peso a los juzgados de muchos municipios y se acabaría con esta justicia de proximidad, obligando al ciudadano a cambiar de ciudad para pleitear y recordando que no todos tienen acceso a las nuevas tecnologías.
