MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, Catalá ha insistido en que la figura es "coherente" con la cultura jurídica española y ha subrayado que determinados delitos deben tener penas adecuadas, tras destacar que para el Gobierno fue "una mala noticia" tener que aplicar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anulaba la 'doctrina Parot' que había permitido alargar la condena de terroristas y violadores.
Preguntado por el hecho de que algunos de esos violadores hayan reincidido, el ministro ha defendido la reforma del Código Penal en curso y, aunque se ha mostrado dispuesto a discutir los conceptos "permanente" y "revisable", ha advertido de que el consenso no es un fin en sí mismo sino que el Gobierno está decidido a llevar a cabo la reforma.
Catalá ha asegurado que no es "tan ingenuo" como para pensar que en los 15 meses que restan de legislatura se pueda "dar la vuelta a la Justicia" y ha subrayado que muchas mejoras no necesitan necesariamente de la aprobación de leyes, sino que se trata de mejorar la gestión y crear "equipos de trabajo que empujen en la dirección correcta".
Sobre la posibilidad de reformar las tasas judiciales creadas por su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, el ministro se ha propuesto garantizar que nadie deje de reclamar ante la Justicia por motivos económicos, y cree que eso se puede hacer "suprimiendo o reduciendo" algunas tasas o planteando que el derecho a la asistencia jurídica gratuita "lleve incorporado el no pago de tasas".
Sin embargo, ha pedido un "tiempo corto" para estudiar los efectos reales de las tasas y ver si se están generando problemas. De hecho, ha precisado que, según el informe de litigiosidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del segundo trimestre del año, "curiosamente" han subido los litigios en los asuntos civiles y mercantiles, que están sujetos a tasas, y han bajado los que no lo están --sociales y laborales--.
Por otra parte, el ministro ha confirmado su intención de revisar "casi semánticamente" la figura del imputado, para que pierda su "carga negativa" y se tome como lo que en realidad, significa, la posibilidad de comparecer ante el juez asistido por una defensa jurídica y, por tanto, con más garantías, y no una "precondena".
DECISIÓN DE LA AUDIENCIA SOBRE FABRA
Preguntado por la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de mantener fuera de prisión al expresidente de la Diputación Carlos Fabra mientras se resuelve su petición de indulto, Catalá ha afirmado que es un trámite procesal que corresponde al tribunal. A su juicio, uno de los problemas de la Justicia es que no se comunica bien qué compete a cada actor jurídico, y cuáles son las garantías y los tiempos de respuesta, que no siempre son tan lentos como cree el ciudadano.
De hecho, ha sostenido que para lo "cotidiano" la justicia resuelve en pocos meses, pero cuando surgen investigaciones complejas se alargan. Por eso, ha insistido en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que permita ir juzgando piezas separadas.
Y, en lo relativo al papel del Gobierno en los indultos, ha defendido este derecho "histórico" y ha subrayado que el actual Ejecutivo está siendo "muy estricto", aprobando una de cada cien solicitudes y rechazando las que tienen que ver con algunos delitos. Eso sí, está dispuesto a negociar con los grupos políticos sobre cómo incorporar la transparencia en su aplicación.
