IBIZA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
Según han destacado fuentes judiciales, la conducta de este profesional, según la sentencia, "incorpora todos los elementos integrantes de la infracción, es decir, emisión de informes favorables por funcionario público, a sabiendas de su injusticia, respecto de aspectos tales como la construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes".
El Supremo señala además que lo que se le atribuye, en su condición de arquitecto técnico municipal, es que emitió informes favorables contrarios a la norma aplicable con pleno conocimiento de tal irregularidad.
También destaca que el delito se comete con la emisión de los informes, sin necesidad de que den lugar a adoptar decisión administrativa alguna.
La Sala ha confirmado además la condena a nueve meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio al promotor de las obras, quien, según la sentencia, conocía la ilicitud de su conducta y por eso buscó una situación de clandestinidad, alterando incluso el número de expediente en el cartel que figuraba en la obra.
La sentencia absuelve del delito contra la ordenación del territorio al arquitecto que se limitó a elaborar el proyecto de modificación de la vivienda sin que conste que tomase parte en la ejecución de la misma. La Sala concluye "que no existe dicho delito, aunque pueda calificarse de profesionalmente inadecuado el trabajo realizado por el recurrente".
