MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Hace unas semanas, Flores presentó a través de su abogado una petición de declaración voluntaria, una previsión que contempla el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Este precepto legal permite a los imputados declarar tantas veces como quieran, siempre que así lo fije a última instancia el juez instructor.
El abogado de Flores, José Luis Fuertes, explicó hace unas semanas que la petición se presentó después de la negativa del juez de revocar el auto en el que le impuso a su patrocinado la obligación de comparecer todos los días en los juzgados.
Las nuevas medidas se fijaron el pasado 14 de mayo después de que Flores declarase por segunda ocasión ante el magistrado. Tras la comparecencia, se le amplió la fianza a 300.000 euros y se le impusieron comparecencias diarias.
El abogado defensor interpuso entonces un recurso de reforma contra este auto, que fue desestimado por el instructor. Tras ello, Fuertes presentó otro recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, que está aún por resolverse.
De forma paralela, el letrado presentó una petición de declaración voluntaria de su cliente. Según señaló, su cliente quiere aclarar algunos puntos de su situación patrimonial, cuyas pesquisas forman parte de una pieza separada del grueso de la investigación.
PIEZA PATRIMONIAL
El pasado abril, el juez ofició a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) a los efectos de que informaran a este juzgado sobre posibles movimientos patrimoniales que se hayan podido producir respecto a Flores y a su hermano José María.
En los fundamentos de derecho, el juez explicaba que es necesario para la investigación que se tenga exacto y puntual conocimiento de los movimientos económicos de los imputados a los efectos de comprobar "si se están produciendo actividades, inversiones o desinversiones que pudieran revelar la intención de abandonar el territorio español y sustraerse de la acción de la Justicia".
Flores también quiere explicar algunos detalles relativos al informe de la Brigada de Informática Forense de la Policía Científica sobre el contenido de los ordenadores de Diviertt y cuyo volcado habría puesto de manifiesto que se vendieron 22.000 entradas para el evento, lo que duplica el aforo permitido de 10.600 personas.
