VALENCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
Así lo ha acordado este miércoles la Sala de Gobierno del TSJCV tras aprobar la solicitud del Colegio de Abogados de trasladar a la Dirección General de Justicia la necesidad de un equipo psicosocial como refuerzo a los juzgados de Benidorm y La Vila-Joiosa (Alicante).
A este requerimiento, la Sala de Gobierno añade la "necesidad" de reforzar estos servicios a todos los juzgados "dado el retraso con que se están realizando los informes necesarios para la resolución de múltiples asuntos relacionados con las jurisdicciones Civil, de Familia y de Menores, como en ocasiones previas se ha comunicado".
Por otro lado, durante la Sala de Gobierno se ha aprobado el informe de alegaciones realizado al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. La Sala de Gobierno, a petición de la presidenta, Pilar de la Oliva, abrió la posibilidad de que todos los jueces y magistrados participaran con sus alegaciones en la redacción del informe, tal como solicitó el Consejo General del Poder Judicial.
Dichas alegaciones, así como las aportaciones realizadas por los miembros de la Sala de Gobierno, han sido refundidas por el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer. El informe presentado y aprobado este miércoles señala los aspectos más críticos al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
En sus conclusiones, destaca que el anteproyecto merece un "juicio positivo" en cuanto al establecimiento de una nueva organización judicial necesaria para la modernización de la Justicia en España basada en la concentración de jueces y oficinas en grandes sedes judiciales con eficientes servicios comunes.
No obstante, señala que este anteproyecto "suscita muchas dudas" en relación con la situación que se producirá durante un periodo transitorio "que será sin duda extraordinariamente largo". En todo caso exige dar solución a los dos "grandes problemas" de la Justicia en España cuales son la carencia de medios y la insuficiencia de jueces muy por debajo de la media Europea junto con una dotación presupuestaria suficiente.
No obstante, las críticas al texto proyectado se centran fundamentalmente en aquellas medidas que afectan al núcleo de la función judicial, al estatuto de los jueces, a su independencia e inamovilidad.
En concreto, preocupa la introducción de un sistema "marcadamente jerarquizado y presidencialista" que elimina la democracia interna judicial hasta ahora existente en el primer escalón judicial, "siendo muestra de ello la supresión de la figura de los Jueces Decanos y sus sustitución por un Presidente del Tribunal de Instancia discrecionalmente designado por el CGPJ en concepto de personal de confianza; la facultad que se le reconoce para presidir cualquier juicio por su mera voluntad; y la posibilidad de su cese por el CGPJ por pérdida de confianza".
También se refiere a la supresión de las Juntas de Jueces o la limitación absoluta de su libertad de expresión. También genera dudas y preocupación, según se indica en el texto, el sistema de reasignación de efectivos y de cambios de destino que puede conllevar la reforma y que pueden afectar a la inamovilidad judicial --a su vez garantía de su independencia--, así como la sobrevaloración de las pruebas de especialización que frustran las aspiraciones profesionales de la inmensa mayoría de la carrera, y la supresión de las categorías judiciales, "que supone instaurar una carrera judicial plana sin posibilidades de promoción ni incentivos económicos ni profesionales".
