SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
De este modo, y además de a Moya-Angeler, la magistrada Mercedes Alaya ha citado como imputados a Ángel Garijo Galve, exsecretario general de Innovación; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Indsutrial y Energético; Pilar Rodríguez López, exsecretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y José Domínguez Abascal, exsecretario general de Universidades de la Consejería de Innovación.
Asimismo, este jueves comparecerá ante la juez el exdirector general de IFA/IDEA Francisco Mencía, que estaba citado inicialmente para el pasado lunes pero que no compareció ante Alaya por motivos de salud.
En el auto de imputación, la juez señala que Moya-Angeler comenzó como vocal del Consejo Rector de IDEA el 9 de julio de 2007, asistiendo a tres de las cinco sesiones analizadas, en las cuales "votó favorablemente autorizando la suscripción de cuatro convenios entre IDEA y la Dirección General de Trabajo".
Respecto a Domínguez Abascal, la instructora dice que comenzó como vocal del Consejo Rector a partir del acta de 9 de julio de 2007, asistiendo a cuatro de las cinco sesiones analizadas, en las que "votaría favorablemente autorizando la suscripción de seis convenios".
De su lado, y según la juez, Pilar Rodríguez León, secretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de Innovación entre 2006 y 2008, asistió a seis sesiones de las analizadas, en las cuales "votó favorablemente a la autorización de ocho convenios" con la Dirección de Trabajo.
La juez considera, asimismo, que Isabel de Haro asistió a ocho de las sesiones analizadas, en las cuales "votaría personalmente a favor de la autorización para la suscripción de once convenios", mientras que Ángel Garijo compareció en diez de las once sesiones "votando a favor de la firma de 17 convenios".
Sobre Francisco Mencía, la juez asegura que, "a sabiendas de su ilegalidad", firmaría 124 convenios que sumarían 115,2 millones, "entre ellos múltiples convenios de ayudas directas a empresas por habilitación del Consejo Rector, destacando por su relevancia la sesión de 30 de enero de 2004, conociendo que gran parte de estas ayudas favorecían injustamente a la Sierra Norte de Sevilla y a determinados grupos empresariales, entre ellos" el de José Enrique Rosendo y José María Sayago.
A ello se suma que habría conocido que "muchas de estas ayudas eran por el tope de 1,2 millones de euros para evitar la ratificación del Consejo de Gobierno de la Junta".
