BASES:
Primera.
Podrán tomar parte en la misma los/as miembros de la Carrera Judicial en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales que, a la fecha de publicación de este Acuerdo en el “Boletín Oficial del Estado”, hubiesen prestado diez años, al menos, de servicios en la categoría de Magistrado y no menos de quince en la Carrera Judicial.
Segunda.
Las solicitudes se dirigirán al Presidente del Consejo General del Poder Judicial y se presentarán en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el “Boletín Oficial del Estado”, en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid, o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las peticiones que se cursen a través de las oficinas de Correos deberán presentarse en sobre abierto para que el/la funcionario/a correspondiente pueda estampar la fecha en ellas.
Tercera.
En las solicitudes deberá figurar la manifestación expresa de que el/a peticionario/a cumple los requisitos exigidos en la convocatoria.
Cuarta.
Los/as interesados/as aportarán junto a su solicitud relación circunstanciada y documentada de méritos, publicaciones, títulos académicos o profesionales y cuantos otros datos estimen de interés relativos a su actividad.
Con el fin de acreditar el mérito y la capacidad específicamente referido al ejercicio de la función jurisdiccional quienes formulen solicitud aportarán una memoria comprensiva de los datos identificativos de las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica que hubieran dictado durante su trayectoria profesional en Juzgados o en calidad de ponente en órganos judiciales colegiados y un resumen de su contenido literal, en especial, de los fundamentos jurídicos que se consideren relevantes, así como de los pronunciamientos del Tribunal Supremo en relación a las mismas por vía de recurso.
Esta documentación podrá remitirse en soporte electrónico.
Quinta.
Para la provisión de la plaza anunciada serán objeto de valoración preferente los méritos reveladores del grado de excelencia alcanzado en el estricto ejercicio de la función jurisdiccional. Asimismo serán objeto de ponderación el tiempo de servicio activo en la Carrera Judicial, el tiempo de ejercicio en destinos correspondientes al orden jurisdiccional civil y el tiempo de servicio en órganos judiciales colegiados. Como méritos complementarios a los anteriores se tendrán en cuenta el ejercicio de profesiones o actividades jurídicas no jurisdiccionales de análoga relevancia.
Sexta.
Para la adecuada formación de los criterios de calificación, la Comisión Permanente podrá recabar información de los órganos técnicos del Consejo y de los distintos órganos del Poder Judicial, en particular de las Salas de Gobierno.
Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales la Comisión Permanente podrá, a través del Presidente de la Sala Primera, interesar de la indicada Sala la emisión de informe sobre la suficiencia técnica de la motivación de las resoluciones dictadas por los peticionarios de que hubiera conocido en vía de recurso interpuesto contra las mismas.
Séptima.
La provisión de la plaza anunciada se efectuará por real decreto a propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. El real decreto de nombramiento se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, surtiendo la publicación los efectos de notificación a los/as interesados/as aspirantes a la plaza anunciada.
Octava.
En todo lo que no haya sido dispuesto expresamente en la presente convocatoria se aplicará la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales (“BOE” de 5 de marzo).
Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
