MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Senado ha tumbado este miércoles las siete propuestas de veto formuladas por el PSOE, Izquierda Unida, el PNV, ERC, la Entesa y Amaiur a la reforma de la justicia universal, que impone nuevos límites para perseguir los crímenes contra la humanidad y dará 'carpetazo' a una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional.
Las propuestas de veto, que han recibido 152 votos en contra, 78 síes y 14 abstenciones, han dado paso al debate de una veintena de enmiendas interpuestas a la proposición de ley que modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Pleno votará después la reforma, a la que el Partido Popular no ha planteado enmiendas y que, de salir adelante sin cambios, será publicada en el Boletin Oficial del Estado para su inmediata entrada en vigor.
El Pleno ha ratificado así el rechazo que ya puso de relieve el pasado lunes en la Comisión de Justicia. Al igual que entonces, CiU se ha abstenido, aunque ha mostrado sus dudas sobre la constitucionalidad de la reforma, ha pedido recuperar la acción popular y la denuncia y ha criticado la ausencia de debate en la tramitación parlamentaria.
La senadora catalana María Rieradevall i Tarrés ha coincidido con el resto de la oposición en criticar la vertiginosa tramitación de la propuesta del PP. Mientras que ha reprobado que se hayan vetado las comparecencias de juristas, el socialista Arcadio Díaz Tejera ha censurado la falta de explicaciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
En este sentido, ha revelado que este mismo martes preguntó al propio ministro si había dado "órdenes" para no comparecer en la Cámara Alta. "No sé qué miedo tiene tu grupo a la palabra, si te da por amortizado o si siente pánico a que vengas a la Comisión de Justicia", le dijo, a lo que el ministro respondió que no tiene problemas en comparecer.
Para Díaz Tejera, la "prueba del algodón" será comprobar si efectivamente acude para dar explicaciones sobre el aborto y la justicia universal. "Aquí se debate apoyar políticas que persiguen a los criminales o políticas que abren un agujero negro para impedir su persecución", ha remachado.
TRAMITACIÓN "ESCRUPULOSAMENTE LEGAL"
Los senadores del PP Manuel Altava y Silvia Franco han asegurado que su iniciativa respeta "escrupulosamente" los tratados internacionales y no vulnera la tutela judicial efectiva recogida en la Constitución.
Aunque han reconocido que se trata de un texto "controvertido", han defendido que amplía la lista de delitos, al incluir la violencia contra la mujer, los cometidos contra la libertad sexual de menores o la corrupción en las transacciones internacionales.
Los senadores 'populares' han defendido que la tramitación de esta iniciativa ha sido "perfectamente legal", al tiempo que han apuntado que el PSOE recurrió a la proposición de ley en trece ocasiones y reformó en una peripecia "acrobática" la justicia universal a través de una enmienda incorporada a una ley sobre la Oficina Judicial en 2009.
Franco ha rechazado convertir a la Audiencia Nacional en una especie de Corte Penal Internacional que "no necesita adhesiones y no tiene los medios ni la legitimidad" de la sita en La Haya. Mientras que Altava ha recordado las palabras del exfiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, diciendo que la justicia universal "no puede convertirse en un juguete en manos de personas que buscan protagonismo".
El senador de la Entesa Joan Saura ha advertido de que los responsables de graves crímenes contra la humanidad estarán "más cómodos" con la justicia universal propuesta por el PP. Desde ERC, Ester Capella ha destacado que este principio es una "conquista irrenunciable de la humanidad".
Por su parte, el parlamentario del PNV Jokin Bildarratz ha denunciado que el Gobierno ha hecho "un negocio made in China" al cambiar "derechos humanos por dinero" y ha preguntado qué va a decir a la familia del cámara José Couso, el jesuita Ignacio Ellacuría o a los periodistas que quedarán indefensos en los países en conflicto.
En esta misma línea se ha expresado el senador del Grupo Mixto Jesús Enrique Iglesias, que ha advertido de que el PP no plantea "un problema jurídico, sino un problema de relaciones internacionales condicionadas por los intereses económicos" de China.
