MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La resolución jurídica, que tiene fecha de 23 de enero, da la razón a la Audiencia Nacional, que rechazaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el consejo de la entidad, encabezado por su expresidente Juan Pedro Hernández Moltó, contra la decisión de intervención.
El Supremo destaca que la Audiencia se pronunció en su día "de forma clara y convincente", porque en la fundamentación jurídica de la sentencia "concurren los presupuestos fácticos y jurídicos que justifican que el Banco de España adoptara la medida de sustitución provisional del órgano de administración de la entidad de Caja Castilla-La Mancha".
Según detalla, la entidad se encontraba "en una situación de excepcional gravedad que ponía en peligro la efectividad de sus recursos propios, su estabilidad, liquidez y solvencia, tras analizar de forma pormenorizada (...) la situación de liquidez para hacer frente a sus obligaciones, el ratio de solvencia, el ratio de morosidad, la cartera de inversión crediticia y la cuenta de resultados".
El Supremo destaca que la Audiencia "no ha incurrido en incongruencia omisiva o ex silentio ni en violación de la regla de exhaustividad de la sentencia". Del mismo modo, rechaza que haya cometido defectos en la motivación.
Asimismo, insiste en que la fundamentación de la sentencia que ha sido recurrida "no incurre en error patente ni en manifiesta irrazonabilidad o irracionalidad en la valoración de las circunstancias" que afectaban a la caja, puesto que declara probados una serie de hechos que confirmaban la "situación de excepcional gravedad" de Caja Castilla-La Mancha.
"Ha quedado debidamente acreditado en el procedimiento administrativo y en el proceso seguido en la instancia la frágil situación financiero-patrimonial de la referida entidad crediticia y la deficiente gestión de los órganos de dirección y control de la entidad que requieren de la adopción, por el supervisor, de medidas instrumentales idóneas, adecuadas y proporcionadas tendentes a lograr el saneamiento y la viabilidad de la entidad que, en el supuesto enjuiciado, comporta la sustitución del gobierno corporativo de la entidad en su integridad", dice el Supremo.
El Alto Tribunal destaca que la decisión del Banco de España de poner de manifiesto los problemas de CCM está "plenamente" justificada "en aras de asegurar la viabilidad de la entidad e impedir que siga padeciendo una gobernanza deficiente, gravemente lesiva para los intereses de la entidad y sus clientes".
