MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentará el jueves en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley que reforma el Código Penal que, entre sus principales novedades, introduce la prisión permanente revisable y amplía la libertad vigilada para los condenados que han cumplido su pena de prisión.
El titular de Justicia defenderá en el Hemiciclo este texto frente al PSOE, la Izquierda Plural, CiU, PNV, ERC y BNG, que ya han presentado sendas enmiendas de totalidad por sus medidas "populistas, degradantes e inhumanas" de dudosa eficacia y con un claro "objetivo electoral".
La crítica a la prisión permanente revisable ha sido una constante entre los grupos de la oposición al dudar de su constitucionalidad por su duración indeterminada. Creen que su "eufemístico" nombre enmascara una "cadena perpetua" y es contraria a la "dignidad humana".
Sin embargo, el ministro defenderá que esta medida no colisiona con el derecho a la reinserción del preso ya que puede ser revisada tras un periodo de cumplimiento de entre 25 y 35 años en la cárcel. Esta pena se aplicará en casos de excepcional gravedad, como homicidios terroristas, los cometidos contra el Rey o el Príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, así como en casos de genocidio y los crímenes de lesa humanidad con homicidio.
Se reservará también esta figura a asesinatos especialmente graves, como aquellos en los que la víctima sea menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable; cuando se cometa tras un delito contra la libertad sexual; en los asesinatos múltiples o en aquellos cometidos por miembros de un grupo criminal.
El texto también amplía la libertad vigilada, que hasta ahora solo se decretaba en delitos sexuales teniendo en cuenta la peligrosidad y el riesgo de reincidencia futura. Esta medida de seguridad tendrá una duración mínima de tres a cinco años, aunque podrá ser prorrogada en algunos casos y será revisada periódicamente por el juez.
Entre otras novedades, el proyecto establece que los tribunales españoles puedan perseguir a los clientes de prostitución infantil también en el extranjero, cuando se trate de ciudadanos españoles o residentes.
DELITOS CONTRA LA PIRATERÍA Y EL ACOSO
La reforma aumenta de 13 a 16 años la edad de consentimiento sexual, incluye nuevas penas por la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima o por actos reiterados de acecho u hostigamiento mediante llamadas telefónicas o seguimientos continuos.
También tipifica como delito el matrimonio forzado y la inutilización de los dispositivos electrónicos utilizados en el control del cumplimiento de la pena o aumenta el reproche para la comisión de incendios graves, sobre todo si afectan a zonas protegidas.
El Gobierno también ha puesto el acento en la lucha contra la piratería al contemplar una pena de hasta seis años de prisión para las conductas más graves cometidas por los responsables de webs de enlaces, que hasta ahora no eran castigadas.
MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Por otra parte, se agrava el atentado contra la autoridad, aunque no se equipara a la resistencia pasiva, cuya pena se rebaja. Mientras que se castiga la firma de contratos de servicios no útiles, la celebración de aquellos que no tengan contraprestación o los firmados a un precio desorbitado con perjuicio para las arcas públicas.
El proyecto de reforma del Código Penal también permitirá sancionar con un año de cárcel o multa al representante legal o administrador de un partido político que no adopte medidas de vigilancia o control para evitar la comisión de delitos en su entramado.
La propuesta contempla una pena de tres meses a un año de prisión o multa de doce a 24 meses e inhabilitación especial desde seis a dos años para el representante legal o administrador de "hecho o de derecho" de "cualquier" persona jurídica, empresa o entidad que no actúe con la diligencia debida para evitar estas actividades delictivas.
El paquete integral de medidas contra la corrupción está siendo llevado directamente por Presidencia, de ahí que el nuevo tipo de financiación ilegal de partidos políticos no haya sido incluido en el proyecto de ley aprobado el pasado 20 de septiembre en Consejo de Ministros.
