VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)
La magistrada del 'caso Cooperación', que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ha acordado imputar al que fuera jefe de gabinete del exconsejero de Solidaridad, Rafael Blasco, y a una funcionaria destinada a ese departamento ya extinto de la Generalitat valenciana, por un presunto delito de falsedad documental en relación con dos expedientes de concesión de ayudas a ONG.
Así consta en una providencia dictada por esta magistrada, que investiga un presunto fraude en la concesión de subvenciones a ONGs por parte de la extinta Consejería de Solidaridad, cuando estaba dirigida por el actual diputado del PP en las Cortes, Rafael Blasco, quien también está imputado en el caso.
En concreto, en este escrito, la jueza cita a declarar, en calidad de imputados, tanto a Xavier Llopis, quien actualmente ocupa su plaza de funcionario en el Servicio de Publicaciones, dentro de la Consejería de Presidencia y Agricultura, Pesca y Alimentación; como a Desamparados Isarría, funcionaria destinada actualmente al Servicio de Planificación y Ordenación de los Recursos Humanos, en la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Estas citaciones, previstas para el próximo 12 de abril, se producen después de solicitarlo la Fiscalía, y en relación con unos expedientes de la Fundación Cultura y de Estudios Sociales (Cyes) del año 2008, entidad que estaba presidida por otro de los imputados en el procedimiento, Marcial López, según han apuntado fuentes judiciales a Europa Press. Según consta en la providencia de la instructora, la declaración de Llopis será a las 9.00 horas y la de Desamparados Isarría, secretaria de Agustina Sanjuán, igualmente imputada en la causa.
Xavier Llopis ocupó el cargo de director de gabinete de Rafael Blasco durante los años en los que se está investigando el presunto fraude en las subvenciones a ONGs. Asimismo, previamente, trabajó bajo las órdenes del actual diputado en otras consejerías.
Llopis ya prestó declaración, pero en calidad de testigo, a finales de abril de 2012, cuando el caso se instruía en al juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, mientras no figuraba como imputado ningún diputado autonómico.
En esta segunda ocasión, Llopis tendrá que comparecer ante la jueza como imputado en relación con los expedientes de la Fundación Cyes, entidad a la que le fueron adjudicados un total de cinco proyectos que sumaban 2,2 millones de euros.
Con esta cantidad de dinero, según denunció en su día el fiscal, la fundación se pudo haber comprado hasta cuatro inmuebles en Valencia, que se utilizaron como sede social. Sobre los mismos, el interventor del Estado indicó en su informe que existían "numerosas irregularidades" y defendía que la entidad no pudo financiar las facturas de los inmuebles que compró.
Así, entendía que se adquirieron con fondos provenientes de las subvenciones públicas. Al respecto, Rafael Blasco siempre ha mantenido que el dinero otorgado a la fundación no se destinó a la compra de ningún inmueble, y que la misma había justificado mediante facturas el destino de la subvención.
SINDICATURA DE COMPTES
En la misma providencia, la magistrada acuerda la declaración como testigo de la sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, Rafael Vicente Queralt, para el 11 de abril a las 13.00 horas, en relación con el proceso de elaboración del informe emitido por la institución sobre las subvenciones concedidas a la Fundación Cyes por parte de la extinta Consejería y "en relación a determinadas reuniones previas mantenidas con el mismo, según se desprende de las declaraciones de determinados imputados". La instructora le requiere para que aporte la documentación de la que dispuso para realizar su informe.
El informe, que se presentó en abril de 2011 en las Cortes sobre la revisión de dos expedientes de ayudas a la cooperación, afirmaba que la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía rechazó "debidamente" justificantes aportados por la ONG Fundación Cyes en relación con la adquisición y arrendamiento de terrenos e inmuebles.
Asimismo, determinaba que dado que en la documentación había quedado acreditada que ese departamento desestimó "adecuadamente" justificantes pagados con cargo a la cuenta corriente de la subvención y sustituidos por otros, esos expedientes "deberían complementarse" en relación con gastos por importe de 1.168.281 euros "para que consten acreditados los medios o formas de pago utilizados".
TAMBIÉN TAURONI
Por otro lado, la magistrada también ha citado para ese mismo día 11, a las 11.00 horas, al empresario Augusto César Tauroni, expresidente de la Fundación Hemisferio, para resolver sobre su situación de prisión, según consta en otra providencia con fecha 28 de marzo, facilitada por el tribunal valenciano.
El abogado de Tauroni presentó el 27 de marzo un escrito, con documentos y copias, en el que interesaba la libertad provisional para su cliente, quien se encuentra en la cárcel desde febrero de 2012, cuando se destapó el caso. La magistrada ha ordenado unir esta documentación a la causa y ha convocado una vista para el día 11 en la sala de audiencias del tribunal valenciano.
No es la primera vez que el letrado solicita la libertad para su cliente, puesto que ya lo hizo en una vista que tuvo lugar en octubre de 2012. La magistrada denegó su solicitud y, de esta manera, compartió la opinión del fiscal, quien se opuso a la salida de prisión.
