MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo ha certificado que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía no contaba con el mandato del magistrado José Ramón Soriano para realizar determinadas investigaciones en relación con el ex ministro de Fomento José Blanco por su supuesta implicación en la trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas desarticulada en la 'Operación Campeón'.
En concreto, y a petición del abogado de Blanco, Gonzalo Martínez-Fresneda, la Secretaria de la Sala de lo Penal del alto tribunal certifica que "no existe constancia alguna" de resolución judicial, auto o providencia por la que el juez soriano dispusiera de la entrega a la UDEF de ocho discos duros incautados en Andorra a Xoán Bazarra. Se trata de un socio de Jorge Dorribo, el empresario farmaceútico que denunció la implicación en la trama del exdirigente socialista.
De hecho, el pasado mes de noviembre Soriano dictó un auto rechazando incorporar a la causa el contenido del ordenador de Bazarra al considerar que la petición realizada por la Fiscalía en este sentido daría lugar a duplicar la instrucción que por esta trama realiza el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo.
Se da la circunstancia de que Bazarra ocupó el cargo de jefe de gabinete del exconselleiro de Innovación e Industria con el bipartito, Fernando Blanco, quien dimitió como diputado del BNG a raíz de ser implicado por Dorribo en esta trama.
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
Igualmente, la Secretaría de la Sala Segunda del alto tribunal certifica que no existe constancia de que Soriano ordenara a la brigada policial la intervención de comunicaciones telefónicas procedentes del sumario de Lugo ni que autorizara a sus integrantes a acceder a su contenido, según la certificación a que ha tenido acceso Europa Press. La UDEF quiso volver a escuchar estas intervenciones para realizar una segunda transcripción pero este pretensión no fue escuchada.
El abogado de Blanco pidió información sobre todos estos extremos tras constatar que la UDEF había realizado averiguaciones en ambos sentidos al tener acceso a la pieza secreta cuyo secreto se levantó a finales del pasado año.
También pedía explicaciones Martínez-Fresneda en relación con todas las actuaciones que componen las diligencias previas tramitadas en Lugo, respecto a lo cual la secretaria certifica que el pasado 29 de noviembre el juez soriano facilitó a la brigada el aceso al material intervenido en el procedimiento iniciado en Galicia.
El pasado 20 de diciembre, la defensa de Blanco solicitó al Tribunal Supremo que archive las actuaciones seguidas en el 'caso Campeón' porque la instrucción ha acreditado la "completa inocencia" de su cliente y la inexistencia de indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias
La representación legal del exministro socialista entiende que la fase de instrucción se ha agotado logrando "desvirtuar" los indicios que provocaron la remisión de la exposición razonada por parte de la titular del Juzgado número 3 de Lugo, Estela San José, al Tribunal Supremo en noviembre de 2011.
Tras más de un año de investigación, el abogado defensor solicitaba también que el juez requiriera "con carácter de urgencia" a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que aportara l procedimiento las respuestas de la Agencia Tributaria y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) sobre las declaraciones tributarias e información financiera interesadas.
En sus alegaciones, denunció la "investigación paralela y secreta" llevada a cabo contra su representado por "ciertas" unidades de la Policía, que decidieron actuar por "su propia iniciativa" y someter los resultados obtenidos a "una valoración crítica, plagada de juicios de valor manifiestamente tendenciosos y procesos de intenciones".
Por ejemplo, indicaba que la Policía habría decidido investigar de forma "autónoma, independiente y paralela a la causa especial" la compra de Blanco de su vivienda en el año 2006. "Que nos conste, el instructor jamás ordenó a la Policía que investigara por su cuenta el patrimonio de mi mandante", señalaba en su escrito de alegaciones.
"Los riesgos derivados de que la Policía se apropie de la instrucción de una causa penal, para actuar por su cuenta, en ocasiones incluso en contra de las órdenes recibidas por el instructor" y sin que el imputado conozca sus gestiones o "entrevistas" lesiona el derecho a la tutela judicial efectivo y a un proceso público con todas las garantías.
Adviertía así el abogado del "irregular" proceder de algunos agentes policiales al "echarse a la calle" para entrevistar a varias personas sobre la compra de la casa, de la que ha defendido su legalidad. En este sentido, ha lamentado que esta imputación "absurda" ha tenido efectos "mediáticos" que han hecho pensar a los espectadores que su cliente compró su casa con dinero no declarado.
