MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Los grupos de la oposición han aprovechado la comparecencia en el Congreso del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, para requerir su valoración sobre el "escándalo" del 'caso Dívar', la aplicación de las "desorbitadas" tasas judiciales y el malestar suscitado en la Carrera Judicial.
Todos los grupos han abordado las cuestiones de actualidad que afectan al mundo de la Justicia durante sus interpelaciones al presidente del órgano de gobierno de los jueces, que se ha trasladado para presentar la Memoria correspondiente a 2011.
De este modo, la "crisis" del caso Dívar, el cambio de modelo del CGPJ, el drama de los desahucios o la reforma del Código Penal son algunos de los temas que han irrumpido en el debate celebrado este lunes ante la Comisión de Justicia.
La alusión a cuestiones ajenas a la Memoria del CGPJ ha llevado al portavoz del PP, José Miguel Castillo Calvín, a decir irónicamente que ha tenido "dudas" si quien comparecía era el presidente del Consejo o el ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
Poco antes, el portavoz del PSOE en Justicia, Julio Villarrubia, ha hecho referencia a la "convulsa" situación del Consejo del Poder Judicial y al "deterioro" que está sufriendo el servicio público de la Justicia con medidas como la entrada en vigor del "copago o el tasazo judicial".
Los socialistas consideran que esta ley, como tantas otras impulsadas por Gallardón, "linda con la inconstitucionalidad". En este sentido, ha citado la reforma del Código Penal contra el fraude fiscal que beneficia a los "defraudadores y los delincuentes de cuello blanco".
El "escándalo" del caso Dívar ha irrumpido en la Comisión de Justicia por boca del portavoz de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, que ha criticado que el Congreso de los Diputados "no ha podido decir ni pío" sobre esta crisis, lo que ha provocado "un malestar" en la Cámara.
En relación con la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la coalición de izquierdas ha apostado por el modelo parlamentario frente a uno "corporativo", si bien ha reconocido que el sistema vigente es mejorable al ser mayoritariamente bipartidista.
"Quien mucho abarca poco aprieta. Extender las funciones quita intensidad a las competencias constitucionales del órgano", ha precisado sobre la eliminación de la dedicación exclusiva.
"VENDETTA CORPORATIVA" CONTRA GARZÓN
Llamazares ha aprovechado para criticar ante el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo la "vendetta corporativa" contra el juez Baltasar Garzón, al tiempo que ha alentado al Consejo a impulsar la lucha contra la corrupción y atender a los "ciudadanos despedidos injustamente o desahuciados".
Tanto Llamazares como la parlamentaria de CiU Mercé Pigem han aludido al "gran malestar" suscitado en el mundo de la Justicia. Para la diputada catalana, la cuantía de las tasas es "absolutamente desorbitada e impeditiva para el acceso a la Administración de Justicia".
Mercè Pigem también ha defendido la creación de Consejos de Justicia autonómicos y ha pedido al CGPJ que ponga medios para evitar el "retroceso" en la utilización del catalán en los juzgados y tribunales. En este sentido, ha pedido que el conocimiento de una lengua cooficial sea valorada como un mérito preferente.
El diputado del PNV Emilio Olabarria se ha dirigido a Moliner para trasladarle que no tiene una "tarea fácil" para regenerar el prestigio del Consejo del Poder Judicial y del conjunto de la Administración de Justicia ante los "avatares" que rodearon la anterior presidencia.
Frente al "ejercicio de la imaginación" para resolver la alta litigiosidad, el parlamentario vasco ha advertido de la necesidad de aumentar la planta judicial y ha criticado la ley que elimina al millar de jueces interinos e impone funciones de refuerzo y sustitución a los jueces en prácticas.
El peneuvista también ha querido saber el parecer de Moliner sobre el cambio de modelo en la designación de los vocales y en la eliminación de la dedicación exclusiva del conjunto del órgano. Además, ha requerido su opinión sobre el papel de los jueces en el drama de los desahucios o en la anulación de Eres.
El diputado de UPyD Toni Cantó ha defendido una "votación personal, directa y secreta" en la elección de 12 de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces para evitar "pasar del monopolio de los partidos al monopolio de las asociaciones".
Para la formación magenta, la Justicia está "más desnivelada que nunca" con el Gobierno del Partido Popular como refleja la aplicación de las nuevas tasas judiciales. Considera además "sospechoso" el "muy reducido" número de expedientes incoados a jueces y magistrados.
Finalmente, el portavoz del PP en el área de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, ha reconocido que la presentación de la Memoria ante las Cortes presenta un "importante defecto" como es su falta de inmediatez, lo que impide tener un conocimiento "cercano" y "real" del funcionamiento de los juzgados y tribunales.
Aún así, ha puesto en valor el diagnóstico que ofrece este instrumento para abordar los problemas que aquejan a la Justicia y ha abogado por aumentar la agilidad de esta Administración.
