SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
Esta demanda promovida al margen del grueso de los prejubilados, según han informado a Europa Press fuentes del caso, se dirige contra la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa y tomadora de la póliza de seguro de rentas asociada al ERE de 2007, la división de Seguros Colectivos del Banco Vitalicio (actualmente 'Generali'), en su calidad de entidad aseguradora de las rentas, y la propia Administración autonómica.
LA FINANCIACIÓN DEL ERE DE 2007
Como se recordará, 34 de los 40 prejubilados de este ERE han aunado sus acciones judiciales en una sola demanda, resuelta ya con la citada sentencia, mientras los seis restantes hacen lo propio a título individual, pero siempre reclamando los compromisos de pago que pesarían en torno a este expediente de regulación de empleo.
El Juzgado de lo Social número ocho, de cualquier modo, ha dictado ya su sentencia por la demanda promovida por el grueso de los prejubilados ante la negativa de la Junta a financiar sus rentas. En su sentencia, emitida el 6 de noviembre y recogida por Europa Press, la citada instancia judicial resuelve que Mercasevilla es el "único responsable en el pago de las indemnizaciones reconocidas" y, a tal efecto, condena a la empresa a pagar diferentes cuantías en 21 de 33 casos. El Ayuntamiento, la sociedad estatal Mercasa, la Junta, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la división aseguradora del Banco Vitalicio --actualmente 'Generali'-- y la consultora 'Vitalia Vida' son absueltos en todos los casos.
LA INVESTIGACIÓN DE LA JUEZ ALAYA
El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros como principal losa financiera de la lonja, supuso la prejubilación de 40 empleados. Las rentas de estos extrabajadores, no obstante, quedaron en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento sometido a una investigación judicial a manos de la juez Mercedes Alaya.
En concreto, aunque el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado tres documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones en cuestión, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución". La Consejería de Empleo, así, niega cualquier compromiso de financiación con las prejubilaciones comprendidas en el ERE.
El ERE de 2007, cabe precisarlo, figura en las diligencias judiciales relativas al posible delito societario perpetrado por los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la supuesta trama de falsas prejubilaciones descubierta en expedientes de regulación de empleo incentivados con fondos autonómicos. En este expediente de regulación de empleo, en concreto, fue descubierta la prejubilación de un miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) que jamás había trabajado en Mercasevilla, toda vez que Francisco Javier Guerrero es uno de los principales imputados en esta causa, dado su papel al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.
