MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Así, el juez titular Ismael Moreno tomará declaración el mismo día 15 al exdirector general adjunto ejecutivo Javier García de Paredes; el 17 a Gregorio Gorriarán; el 18 a Óscar Rodríguez Estrada; el 19 a José Luis Pego y el 22 al excopresidente Julio Fernández Gayoso. El magistrado les imputa indiciariamente la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.
Moreno, que admitió a trámite la querella contra los cinco exdirectivos el pasado mes de junio, considera que todos ellos actuaron "con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia", intervenida por el Banco de España en septiembre de 2011. La Fiscalía les reclama la devolución de, al menos, 7,8 millones de euros.
Anticorrupción apunta que "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".
El Estado es propietario del 93% de la entidad tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la intervención, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.
La Fiscalía reclama a todos ellos la devolución de las cantidades, que en el caso de García de Paredes, superan los 5 millones de euros. La querella relata cómo tras el acuerdo de fusión entre Caixa Galicia y Caixanova de 11 de mayo de 2010 y de la petición del primer apoyo financiero por parte del FROB, los directivos llevaron a cabo un "plan preconcebido" "para preparar su previsible y futura salida" de la entidad.
En este marco, los cinco querellados se pusieron de acuerdo para modificar sus contratos de alta dirección para introducir nuevos pagos por prejubilaciones y futuros beneficios, antes de la intervención del Banco de España, y beneficiarse posteriormente presentando su renunciar al cargo.
