MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha rechazado "enérgicamente" la subida de tasas judiciales planteada por el Gobierno porque "obstaculiza" el acceso a la Justicia en términos "irrazonables". Por ejemplo, indica se establece que el ciudadano que quiera acudir a la jurisdicción contencioso-adminsitrativa para impugnar una sanción de tráfico por importe de 100 euros tendrá que abonar la cantidad fija de 200 euros.
La Abogacía ha remitido a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados su propuesta de enmiendas al proyecto de ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología.
En términos generales, rechaza la implantación de las nuevas tasas judiciales --la norma exceptúa el orden penal-- porque conlleva un "enorme incremento" en su cuantía provocando un "efecto disuasorio" a la hora de acceder a los tribunales.
RIESGO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Para la Abogacía, esta situación conlleva "una inexorable imposibilidad de acceder a la Jurisdicción y, en consecuencia, un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva". Advierte del "riesgo" de inconstitucionalidad ante la "exagerada" cuantía de la tasa y la ampliación al orden Social, tradicionalmente excluido.
La Abogacía alude a la sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional, que cuestiona la legalidad de este tributo "si se mostrase que las cuantías de las tasas establecidas son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables".
A su juicio, las tasas deben cubrir el coste del servicio y no financiar el sistema de asistencia jurídica gratuita, como plantea el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. "La imposición de una tasa debe vincularse al servicio prestado y no a otro servicio distinto que afectará lógicamente a personas distintas de aquéllas que satisfacen la tasa en cuestión", añade.
Por último, pone de manifiesto que la Justicia Gratuita da servicio a más de un millón de ciudadanos sin recursos y apenas supone el 6,5 por ciento del gasto en Justicia de las Administraciones Públicas, cerca de 250 millones de euros de un total de 3.837 millones (datos de 2010) que han gastado el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial.
