MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La misiva, firmada por Juanes y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pero que refleja el sentir general de todos los integrantes del organismo judicial, será remitida este martes a Presidencia del Gobierno y a los ministerios de Interior y Justicia. En ella, ambas autoridades realizan una exposición razonada "de la problemática suscitada por la retirada integral de los escoltas".
Explican también la "especificidad" de la Audiencia Nacional como tribunal especializado en terrorismo y crimen organizado y corrupción y plantea, "con espíritu constructivo" que se valore esta situación, que conlleva una retirada "integral" de la protección.
El Ministerio del Interior ha retirado todos los escoltas que tenían los jueces y fiscales del Tribunal Supremo, el Tribunal Consitucional y la Audiencia Nacional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a excepción de los cargos más sensibles de la judicatura, entre los que se encuentra el todavía presidente del TS y el órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar.
En el caso concreto de la Audiencia Nacional la medida, que afecta a unos 250 agentes, entrará en vigor a partir de mañana miércoles. El primer órgano en adoptarla ha sido el CGPJ, donde los vocales carecen de protección desde el lunes. Los magistrados del Supremo la mantendrán hasta el próximo jueves, han informado fuentes del alto tribunal.
Los únicos que conservarán la escolta en la Audiencia, que tiene asignada la labor de investigar y juzgar todas las actividades relacionadas con el terrorismo, la gran corrupción y el blanqueo de capitales, serán su presidente, Ángel Juanes; el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal-jefe, Javier Zaragoza; el teniente fiscal, Fernando Burgos; y el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro.
De esta forma, quedarán sin escolta todos los jueces de la Sala de lo Penal, que se encargan de celebrar los juicios por este tipo de delitos, y los seis magistrados centrales de Instrucción, que llevan a cabo la labor de investigación de los procedimientos penales. Para todos ellos, según fuentes de la Audiencia Nacional, se reforzará el servicio de contravigilancia.
Los jueces del tribunal han celebrado este lunes varias reuniones para fijar una posición sobre la medida aunque de momento no tienen previsto realizar un pronunciamiento oficial por razones de seguridad, como sí ha hecho el cuerpo de fiscales.
AHORRAR GASTOS
La decisión se enmarca en los planes previstos por el Ministerio del Interior para reducir la plantilla de escoltas que llegó a prestar protección a 1.700 personas en todo el territorio nacional generando un gasto de 160 millones de euros anuales a las arcas del Estado.
Tras llevar a cabo una rebaja significativa en el País Vasco y en Navarra, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció que se desempeñaría la misma política de reducción de escoltas en el resto de España.
Según los datos que maneja la Secretaría de Estado de Seguridad, de las 1.700 personas que gozaban de estos servicios, un 30 por ciento quedará sin protección, es decir, en torno a 500 personas. Desde el Ministerio se asegura que se ha hecho un estudio particularizado sobre cada caso y se han analizado los riesgos antes de proceder a la retirada de la escolta.
