ALICANTE, 14 (EUROPA PRESS)
En un encuentro mantenido este jueves con Vicente Magro en la Audiencia Provincial de Alicante, Paula Sánchez de León ha recordado que la última víctima mortal de violencia de género registrada en Alicante, una joven de 28 años de origen rumano, se encontraba en esta misma situación, ya que no quiso declarar contra su pareja en un juicio por violencia de género previo y ante la falta de testigos y otras pruebas, éste fue absuelto unas semanas antes de acabar con su vida.
La delegada ha destacado el porcentaje "considerable" de víctimas que no declaran contra sus agresores en el juicio oral, y ha detallado que en toda la Comunitat Valenciana el año pasado el 11 por ciento de las 18.540 mujeres que presentaron denuncia por este tipo de delitos no acudieron a declarar.
De ellas, un total de 8.000 denuncias correspondieron a la provincia de Alicante, de las que un 12 por ciento --unas 800 mujeres-- decidieron no llegar hasta el final del procedimiento. "Éste es suficiente motivo para tomar en consideración esta situación y ponerle remedio", ha remarcado la delegada.
"EVITAR LA IMPUNIDAD DEL AGRESOR"
Por ello, se ha comprometido a trasladar esta propuesta "inmediatamente" a los ministros de Sanidad, Ana Mato, y de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "para impulsar y articular esa reforma que permite que el sistema judicial y jurídico no constituya un obstáculo que favorezca, como en este caso (de Alicante) la impunidad del agresor".
El sistema judicial, según ha defendido, "siempre debe estar a disposición de la víctima", y los responsables políticos tienen "la responsabilidad de evitarle impedimentos, y que el sistema siga en marcha para que las órdenes de alejamiento sigan funcionando y poner todos los mecanismos necesarios para evitar la muerte de las víctimas".
En este sentido, Paula Sánchez de León también ha recordado que, en la actualidad, en la Comunitat Valenciana más de 2.000 mujeres tienen otorgada alguna medida de protección, 800 de ellas en la provincia de Alicante.
Por su parte, Vicente Magro ha explicado que, de acuerdo con esta propuesta, las denunciantes de violencia de género "sólo tendrían que prestar declaración una vez, frente a las hasta cuatro veces que lo hacen ahora", y lo harían ante el juez de guardia o de violencia de género. En este interrogatorio, el abogado del presunto agresor estaría también presente para garantizar su derecho de defensa.
Esta fórmula, ha apuntado Magro, ya se utiliza en España para los casos en los que un ciudadano extranjero es víctima de un delito de modo que se evita que tenga que volver a España un tiempo después para declarar de nuevo por los mismos hechos.
