MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Así lo han acordado los integrantes de la Sala de lo Penal del tribunal tras celebrar este jueves un Pleno no jurisdiccional al que ha sido invitado el presidente de la institución, Ángel Juanes, en el que han acordado formar una comisión de trabajo para entregar al ministro una relación de las competencias que desean asumir en el futuro.
La propuesta, que sería incorporada a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que prepara el Gobierno, tendría el objetivo de adaptar el trabajo del tribunal a las nuevas formas delincuenciales relacionadas con las grandes mafias y las organizaciones criminales transnacionales.
Las citadas fuentes destacan que la asunción de nuevas competencias no está directamente relacionada con la caída del número de procedimientos que se instruyen en el tribunal contra los miembros de la organización terrorista ETA después de que la dirección de la banda decretara el pasado 20 de octubre de 2011 el "cese definitivo de sus acciones armadas".
BANKIA O LOS CONTROLADORES
De igual modo, la intención de Juanes es que la Audiencia Nacional asuma los procedimientos que afecten a la economía nacional, como las querellas contra los gestores de Bankia, que han sido puestas como ejemplo durante el Pleno, o los que se investiguen en más de una provincia, como los instruidos a causa de la huelga de controladores que tuvo lugar en diciembre de 2010. "Así se daría una respuesta unánime a casos que se han resuelto de una forma dispar", argumentan las citadas fuentes.
La comisión de trabajo, que quedará constituida el próximo lunes, estará formada por Juanes; el juez decano de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz; el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska; y un magistrado de cada una de las cuatro secciones que conforman este órgano.
El borrador de propuesta que realicen los miembros de este grupo de trabajo será sometido a la consideración de todos los miembros de la Sala de lo Penal y remitido posteriormente al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
