VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)
La vista de apelación para resolver los recursos contra la sentencia que condenó al que fuera decano de los jueces vallisoletanos entre 2001 y 2002, José Alberto Rodríguez Carretero, a una pena de un año y tres meses de cárcel y al pago de un multa de 540 euros como autor de un delito de amenazas y una falta de lesiones sobre sus hijos José Alberto y Ramón R.Ll, respectivamente, se celebrará mañana martes en la Audiencia Provincial.
La encargada de resolver los recursos de las distintas partes (fiscal, acusación particular y defensa) contra el fallo del Juzgado de lo Penal número 3 será la Sección Cuarta de la Audiencia de Valladolid, tribunal que ha citado al condenado al objeto de celebrar una vista en la que, con carácter exclusivo, tan sólo escuchará el testimonio del exjuez decano para que aclare la reyerta sostenida con dos de sus hijos durante una junta general de accionistas de una empresa familiar celebrada en un céntrico hotel de la ciudad en febrero de 2010, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de lo Penal 3, absolvió al exmagistrado de un delito de lesiones en grado de tentativa y otro consumado, así como de dos delitos de amenazas y de una falta de lesiones por los que venía siendo acusado, y por los que se exponía a penas de entre 8,5 y 3,1 años de cárcel, tal y como habían solicitado el fiscal y la acusación particular, respectivamente, y por contra le consideró autor de un delito de amenazas y de una falta de lesiones, en ambos casos con la agravante de parentesco.
La resolución fue prácticamente coincidente con la postura esgrimida durante el proceso por la defensa del imputado, que solicitó una sentencia absolutoria y, con carácter subsidiario, argumentó que en el peor de los casos los hechos tan sólo serían constitutivos de unas amenazas.
El referido delito de amenazas estimado por la juez hace referencia al momento en que el condenado extrajo un cuchillo de cocina de un maletín que no se limitó a exhibir sino que dirigió hacia su hijo José Alberto, y con respecto a la falta de lesiones, de la que fue víctima su otro hijo, Ramón, el fallo precisa que la misma se produjo cuando los dos vástagos del exjuez forcejeaban con éste en el suelo con la intención de inmovilizarle y arrebatarle el arma.
En concepto de responsabilidad civil, el fallo incluía la obligación del condenado de indemnizar a su hijo José Alberto en la cantidad de 125 euros por los desperfectos causados en una chaqueta.
TRASTORNO ADAPTATIVO
La juez consideró probado que acusado tenía un trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y el comportamiento, siguiendo tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos, y ello a raíz del planteamiento por parte de su esposa de la separación, junto con conflictos familiares también por motivos económicos y sin que existiese convivencia con sus hijos.
Los hechos enjuiciados tuvieron por escenario la cafetería del Hotel Felipe IV, sito en la calle Gamazo, donde la noche del 11 de febrero de 2010 José Alberto Rodríguez Carretero participaba en la junta de una sociedad familiar, una convocatoria en la que participaron igualmente sus hijos José Alberto y Ramón junto con un notario para levar acta de lo allí acordado.
La reunión estuvo caracterizada por la tensión, hasta que el procesado anunció su propósito de abandonarla y llegó a ponerse el abrigo, si bien acto seguido optó por tomar asiento de nuevo y situó sobre sus rodillas el maletín que portaba.
Fue entonces cuando, a preguntas de uno de sus hijos de si estaba grabando el encuentro, el imputado sacó uno de los dos cuchillos que llevaba encima--sostiene que los había llevado a una ferretería para afilarlos--y lo dirigió contra su hijo José Alberto, mientras que su otro hijo, Ramón, y un médico que trataron de mediar resultaron levemente heridos, el primero en una mano y el segundo en un dedo.
El condenado, que se encontraba desde hacía tiempo bajo gran presión al estar inmerso en un proceso de separación y su relación con sus hijos se encuentra muy deteriorada, fue ingresado en el Módulo Penitenciario del Clínico tras dictar entonces contra él la juez instructora auto de prisión provisional comunicada y sin fianza por delito de homicidio frustrado.
Con posterioridad estuvo en situación de prisión preventiva en la cárcel de Logroño, donde permaneció hasta mediados de abril del pasado año, cuando la Audiencia de Valladolid acordó su puesta en libertad pero bajo la prohibición de residir y acudir a la capital y la provincia.
