ALICANTE, 23 (EUROPA PRESS)
En un auto del 16 de febrero de 2012 al que ha tenido acceso Europa Press, la sección primera de la Audiencia considera que existen indicios de delito en torno a la recalificación y venta de unos terrenos municipales a una mercantil, en una operación avalada por los informes de Martí, quien ejercía de arquitecto municipal, y que reportó a Cano, Narbó y al padre de éste último unas plusvalías superiores al millón de euros.
En primer lugar, la defensa del arquitecto y asesor municipal José Vicente Martí, solicitó al tribunal el sobreseimiento de la causa al considerar que éste no era funcionario del ayuntamiento y por tanto no podía aplicársele el delito de negociación prohibida a funcionarios públicos, extremo rechazado por el tribunal.
Al respecto, el tribunal entiende que "a pesar de que no ostenta la condición oficial de funcionario, su actuación asesora en el Ayuntamiento de Polop participa del ejercicio de esas funciones públicas, la condición de asesor permanente contratado por el Ayuntamiento" para ejercer funciones técnicas, tales como la emisión de informes, "le equipara a los funcionarios públicos de plantilla de dicho consistorio".
El auto señala que la causa contra Martí se siguió porque, de manera simultánea a su posición de asesor municipal, "emitía informes en asuntos en los que eran parte interesada empresas de las que formaba parte, algunas de ellas como titular de las mismas".
El tribunal entiende que Martí instrumentalizaba el cargo público que ocupaba "para prevalerse en beneficio de sus intereses, vulnerando el deber de imparcialidad que debe presidir su función".
No obstante, esto "no supone una presunción de culpabilidad contra el imputado", puesto que todavía se ampara en el principio de presunción de inocencia, un principio que "solo decaerá si se declara su culpabilidad en un juicio, circunstancia que no se producirá en este caso" por haber prescrito el delito.
Los hechos que se imputaban a Martí podían subsumirse en los artículos 439 del código penal, o en el 441 del mismo texto. Al respecto, el tribunal recuerda que la prescripción del delito recogido en el artículo 439 es de cinco años, mientras que la del 441 de tres.
Puesto que los hechos se remontan a 2005 y Martí fue declarado imputado en la causa urbanística en septiembre de 2010, ambos plazos de prescripción ya habían concluido.
PRUEBA PERICIAL "IRRELEVANTE"
En cuanto al informe pericial solicitado en su día por el Ministerio Fiscal para demostrar una sobrevaloración de los terrenos, de la que presuntamente fue artífice el entonces concejal de Urbanismo Jaime Narbó, la Sala de la Audiencia entiende que los resultados de dicha prueba son "irrelevantes para consolidar indicios de criminalidad".
El tribunal resuelve que la única declaración que incrimina a Narbó fue la de su sucesor en el cargo de concejal de Urbanismo, y que "no ha sido ratificada por nadie más", de modo que se descarta "la sospecha de que se habrían valido de su posición para presionar en la consumación de la operación urbanística".
En relación a la causa contra Narbó, el tribunal concluye que "no se hace alusión a otros motivos de impugnación del sobreseimiento decretado respecto de dicho imputado", por lo que procede también a archivar la causa.
