MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se indica que estos tres acusados fueron detenidos en domicilios registrados durante la operación policial desarrollada en julio de 2005, en la que fueron arrestados más de 300 personas, la mayoría de nacionalidad nigeriana. Además, en los tres casos, las otras personas que fueron detenidas en dichas viviendas han reconocido su participación en estos supuestos fraudes y han sido condenadas.
Al respecto, el Tribunal indica que los indicios que había contra estos tres sobre su participación en estos hechos son "bastante endebles" y "no pueden servir de base suficiente para condenar". Además, en los tres casos, las defensas de los acusados han aportado documentación para acreditar que no residían en los pisos en los que fueron detenidos, por lo que la Sala señala que la presencia de éstos en los domicilios "podría ser ocasional".
El juicio comenzó en noviembre de 2011 en la Sección Novena de la Audiencia e inicialmente había 168 personas acusadas. En la primera sesión comparecieron 103 acusados, de los que 87 se acogieron al acuerdo con el ministerio fiscal, que supone una condena de 23 meses y 15 días de prisión y multa de 2.160 euros por un delito continuado de estafa en concurso ideal con otro de falsedad.
Al menos 102 acusados, la mayoría de nacionalidad nigeriana, se han sumado a ese acuerdo, tras haber admitido los hechos por los que le acusaba el fiscal Anticorrupción, para los cuales ya se ha dictado sentencia de conformidad. Los hechos sucedieron en un periodo de tiempo no definido, "pero prolongado en el tiempo" y en cualquier caso anterior al 20 de julio de 2005, cuando se desarrolló la operación policial.
Según se declaró probado en la sentencia de conformidad dictada por la misma Sala, los acusados "participaron con propósito de enriquecimiento ilícito" en una "maquinación defraudatoria", enviando las cartas en las que se adjuntaban distintos documentos que, para dar apariencia de autenticidad, incorporaban reproducciones fidedignas de membretes, logotipos y anagramas de instituciones públicas.
La resolución señalaba que las personas que "confiadamente" devolvían el formulario con sus datos personales y bancarios, eran contactadas telefónicamente por los acusados y se les requería "insistentemente" que abonaran distintas cantidades de dinero, en concepto de "un impuesto que devenga la percepción del premio, al no ser residentes en España. En total, se intervinieron 130 millones de cartas y la Policía recibió 477 denuncias por este fraude.
