La austeridad de los nuevos presupuestos del Ministerio de Justicia no será sinónimo de reducción de servicios. El titular de este departamento, Alberto Ruiz-Gallardón, garantiza con las cuentas recién aprobadas el derecho a la justicia gratuita que protege la Constitución con una dotación de 34,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,22% respecto a los presupuestos del ejercicio anterior.
El ministro ha anunciado igualmente que se revisará el acceso a este sistema para hacerlo más efectivo, pero en ningún caso “se bajará el umbral de renta que determina el beneficio de la asistencia gratuita”. Solo se establecerán nuevos mecanismos “para comprobar la existencia real de ese derecho y, por tanto, de la persecución del fraude”.
Este servicio se financiará a partir de 2013 con la cuantía recaudada por las tasas judiciales revisadas en la nueva ley de aprobada por el Consejo de Ministros. Ruiz-Gallardón abrirá un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas que tienen transferida esta competencia para acordar la participación conjunta en la recaudación y lograr una gestión unificada y coordinada de la justicia gratuita.
El objetivo de este presupuesto dotado de 1.574 millones de euros, un 6,34% menos que en 2011 y que el ministro ha calificado de “austero pero eficaz”, es generar confianza en un sistema jurídico que repercuta de forma positiva en la recuperación económica.
Aunque la única partida que se incrementa corresponde al gasto corriente en bienes y servicios, un 0,78% para solucionar deficiencias estructurales, se han adoptado medidas de austeridad en gastos como las telecomunicaciones (uso de teléfonos móviles incluido), con un presupuesto que baja hasta un 32,3%, o en reuniones y conferencias, cuya partida se reduce en un 55,1%.
El ajuste presupuestario dejará intacto el gasto en los servicios de violencia de género, con 45 millones de euros para los juzgados de violencia sobre la mujer, las fiscalías especializadas y unidades forenses. El Ministerio también garantiza los compromisos ya adquiridos en gastos de inversión e infraestructuras con un presupuesto total de 94 millones de euros, 34 para nuevas sedes judiciales o reformas de las ya existentes, y 60 para los programas de modernización asociados a los sistemas de gestión procesal.
