MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ley impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. Pero incluso irá más allá, porque incurrirán en delito los cargos que despilfarren el dinero público.
Para ello, la Ley de Transparencia incorporará una disposición adicional que modificará el Código Penal y donde se tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. En concreto, se castigará con una pena que podría alcanzar los seis años de inhabilitación a los cargos que sobrepasen el presupuesto aprobado, según fuentes gubernamentales.
Una vez que el Consejo de Ministros apruebe hoy el anteproyecto de Ley de Transparencia, los ciudadanos dispondrán de unos 10 días para realizar aportaciones a la norma. Para ello, podrán utilizar las webs institucionales para hacer llegar al Gobierno sus sugerencias, críticas y apreciaciones.
PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Paralelamente, el Gobierno está ultimando el 'Portal Digital de la Transparencia', al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información y que recogerá datos relativos a concursos, subvenciones o sueldos de los altos cargos. Se pretende que este portal esté en marcha cuando acabe el proceso legislativo, lo que podría ser antes del verano.
Aunque habrá una lista cerrada de asuntos sobre los que no habrá información --relativos a la seguridad nacional o a la protección de datos--, el 'Portal Digital de la Transparencia' permitirá a los ciudadanos conocer por ejemplo a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una cumbre internacional, cuántos funcionarios trabajan en un organismo público o cuánto cobran los altos cargos.
A través de este portal, los ciudadanos podrán acceder a informaciones que no estén publicadas, dirigiendo la correspondiente solicitud. El Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere seguir los pasos de gobiernos como el de Estados Unidos, que impulsó el portal data.gov en aras de una mayor transparencia y que agrupa información pública de 31 Estados, 15 ciudades, 172 organismos públicos y 30 internacionales.
De hecho, el Ejecutivo español tiene previsto sumarse a la Iniciativa Mundial para un Gobierno Abierto (Open Government Partnership) que Barack Obama y Dilma Rousseff impulsaron en Nueva York en julio de 2010.
Por eso, presentará la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno el 17 de abril en la conferencia internacional que tendrá lugar en Brasilia, donde España firmará la Declaración Internacional de Gobierno Abierto.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves en un acto electoral en Ribadesella (Asturias) que la nueva ley pretende que "se gobierne mejor, que se gestione bien y que la gente sepa en qué se gasta su dinero", de tal forma que "si se enchufa" a alguien, "salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata".
