Los recursos de los familiares, a los que se sumó el fiscal, serán analizados por la Sala de lo Penal, que presidirá el magistrado
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha rechazado reabrir la causa en la que se investigaba la contratación del Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares españoles, al entender que "no hay ausencia alguna de investigación", como sostienen las acusaciones y la Fiscalía, sino "más bien todo lo contrario".
Marlaska rechaza el recurso de reforma planteado por la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42, al que se adhirió la Fiscalía, en un auto en el que se remite a las diligencias "materializadas con posterioridad" a la resolución de la Sala de lo Penal dictada en enero de 2008 en el que se ordenaba la reapertura de la causa.
En su resolución, en la que recuerda que las propias acusaciones han considerado que la instrucción "debía darse por concluida", el magistrado eleva el recurso a la Sala de lo Penal, de la que fue elegido presidente el pasado 23 de febrero, para que sea estudiado en apelación.
La Fiscalía se adhirió a los recursos presentados por la principal asociación de víctimas y otro grupo de familiares y solicitó la reapertura de la causa, al entender que la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo incurrió en "una conducta negligente".
En su escrito el Ministerio Público reclamaba a Grande-Marlaska y de forma subsidiaria a la Sala de lo Penal que reabran el procedimiento y sienten en el banquillo a los seis mandos militares que estaban imputados por no concurrir "ninguno de los supuestos previstos" en la ley para acordar el sobreseimiento libre de la causa.
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 sostiene, por su parte, que la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo tenía "conocimiento del riesgo" que suponía volar en este tipo de aparatos.
El segundo recurso, presentado por las familias de dos comandantes que fallecieron en el siniestro, sostiene que los seis mandos militares imputados tenían "conocimiento de las quejas, participaron en el contrato de adjudicación, lo incumplieron, llevaron a cabo reuniones con la contratista, desarrollaron un programa y planificación de vuelo incorrecta, y tienen responsabilidades por mandato de su cargo".
SEIS MANDOS IMPUTADOS
El juez llegó a imputar 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas" y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba "responsable de la contratación" del aparato.
También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.
