MADRID, 06 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha defendido este martes el trabajo da la juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, y ha manifestado que son "reprochables" aquellas críticas que suponen "un ataque personal" contra la magistrada y que "van más allá del ejercicio del derecho a opinar".
"La juez Alaya está cumpliendo con su función, está ante un asunto de gran complejidad y hay que dejarla tranquila y dejarla trabajar, y confiar en la justicia porque, nos gusten o no las resoluciones, merecen un respeto. Por supuesto se pueden criticar, pero no hacer un ataque personal a la juez", ha explicado en una entrevista en la Cope, recogida por Europa Press.
Preguntada sobre la grabación que la juez ha recibido sobre supuestas irregularidades que pudieron cometerse en la concesión de ayudas a proyectos de inversión y créditos por parte de Invercaria, la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta, y sobre la posibilidad de que, tal y como algunos han apuntado, el documento haya sido manipulado, Bravo ha señalado que es Alaya quien debe decidir si investigar dicho asunto.
"Tendrán que ser los técnicos y los peritos. Si ella lo considera oportuno lo puede hacer. Este también es un tema de gran complejidad y ella tiene la máxima autoridad para decidir el camino de la instrucción y de la investigación de los hechos", ha apuntado.
INSTRUMENTOS PARA LIMITAR FILTRACIONES
Por otra parte, la portavoz del CGPJ ha criticado las filtraciones en los medios que con frecuencia se producen sobre todo en aquellos casos que suscitan un mayor interés mediático, y ha confesado que le "duele ver siempre en el centro del debate a los jueces" porque "muchas veces no son los únicos responsables de las filtraciones".
"En un procedimiento concurren muchos profesionales. Es muy complicado controlar a cada uno de los profesionales. Ante eso creo que el legislador tendrá que plantearse qué medidas e instrumentos podemos otorgar a los jueces para impedir esto", ha apuntado, para señalar que le parece "inadmisible" que un imputado "tenga que comprar un medio para saber de qué se le imputa en un proceso abierto hasta que es llamado a declarar".
A su juicio, este tipo de filtraciones suponen "un claro ataque al derecho de defensa", que, tal y como ha defendido, "es básico". "El legislador tendrá que buscar qué fórmulas y qué instrumentos se le pueden otorgar a los jueces para evitar que ante ese choque entre el derecho a la información y el derecho a la defensa podamos en determinados momentos poner algún tipo de límite para evitar esa gravísima distorsión", ha reiterado.
NORMALIDAD ANTE LAS INVESTIGACIONES DEL 11-M
Respecto al hallazgo de chatarra de trenes que podría corresponder a uno de los vagones de los convoyes que sufrieron los atentados del 11-M, Bravo ha señalado que es normal que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, haya dado instrucciones al fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, para que "abra unas diligencias de investigación" si lo considera necesario.
"Yo creo que no nos tiene que extrañar tanto que la fiscalía abra diligencias de investigación ante una noticia que aparece en los medios. Por ejemplo, en materia de corrupción, la ley da la posibilidad de abrir diligencias cuando tiene información de un delito. Eso es lo que ha hecho la fiscalía. Lo que decida me merece el máximo respeto", ha indicado.
Asimismo, Bravo ha lamentado que actualmente la justicia sea noticia "cuando surge algún tema que por algún tipo de disfunción o por afectar a algún personaje mediático" y no porque exista una "preocupación" por mejorar el sistema judicial español y para "poner de manifiesto la necesidad de realizar una mejora profunda" en él. "Nos gusta que se hable de justicia, pero porque se entienda que es un pilar de Estado de Derecho", ha apostillado.
