MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han solicitado al Tribunal Supremo que confirme las condenas de entre 10 y 20 años de cárcel impuestas por la Audiencia Nacional a seis miembros de un comando de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) que guardaron documentación falsa, detonadores, armas y munición en sus domicilios y en dos zulos ubicados en el municipio murciano de Ricote y en la localidad barcelonesa de Arenys de Munt.
En una vista pública celebrada para revisar los recursos de casación presentados contra la resolución dictada en abril del pasado año por la Audiencia Nacional, el Ministerio Público ha tildado de "bizantina" la cuestión planteada por las defensas para diferenciar la militancia en el Partido Comunista de España reconstituido, PCE (r), de la pertenencia a los GRAPO.
"En el ideario del PCE (r) se establece como medio de participación en la sociedad las acciones violentas. Esta Sala ha manifestado en repetidas ocasiones que son la misma cosa", ha argumentado el fiscal. El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón suspendió en 2003 las actividades del brazo político de los GRAPO.
El representante de la Fiscalía ha hecho hincapié en que existe prueba suficiente para insertar a los condenados en la "fibra" de este grupo terrorista y ha puesto como ejemplo que varios guardaban manuales sobre confección de explosivos o dinero procedente de un atraco cometido por los GRAPO. El letrado de la AVT se ha adherido a los argumentos del Ministerio Público.
"A OJO DE BUEN CUBERO"
Por el contrario, los abogados defensores han aludido a la sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó el pasado mayo Bildu para referirse a la participación política de los acusados y negarse a equiparar al PCE (r) con los GRAPO.
En todo caso, han indicado que se debería haber demostrado la actividad que realizaron en la organización terrorista y han recordado que algunos sólo reconocieron en la vista oral su militancia durante 30 años al PCE (r).
Asimismo, han criticado los "informes contradictorios, vagos e imprecisos" que elaboró la Guardia Civil para atribuir a sus representados un delito de tenencia de artefactos explosivos. "Hicieron mención de que guardaban 800 gramos de pólvora a ojo de buen cubero. No consta en autos cómo se pesó y cuanto se pesó".
PENAS ACORDADAS POR LA AUDIENCIA NACIONAL
La Audiencia Nacional condenó a 11 años y ocho meses de prisión a Manuel Ramón Arango, Isabel María Aparicio y José Francisco Cela Seoane por un delito de integración en organización terrorista y otro continuado de falsedad en documento oficial. Además, se impuso a cada uno de ellos una multa de 4.320 euros.
La pena más alta que se impuso en su día fue para Lucio García Blanco al considerarle culpable de un delito de integración en organización terrorista, otro continuado de falsedad documental, uno de tenencia y depósito de aparatos explosivos con fines terroristas y un delito de tenencia de armas, por los que deberá cumplir 20 años y once meses en prisión.
Además, se condenó a Jorge García Vidal a 10 años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de tenencia de aparatos explosivos con fines terroristas y, finalmente, se castigó con 12 años de prisión a Israel Clemente por falsedad en documento oficial, tenencia y depósito de sustancias explosivas y tenencia ilícita de armas.
Tras su detención en Barcelona en 2007, las Fuerzas de Seguridad intervinieron comunicados --entre ellos uno en el que reivindicaban el asesinato de la empresaria Ana Isabel Herrero-- y documentos referidos a los GRAPO en los zulos y algunas de las viviendas. De hecho, en el domicilio de Israel Clemente se halló un manuscrito denominado "tartas" que recogía información sobre explosivos y posibles objetivos.
