LOGROÑO, 20 (EUROPA PRESS)
Mientras el Fiscal y la acusación particular han calificado como definitivas las conclusiones iniciales, la defensa ha querido "matizar" sus peticiones del primer día. Así, ha hablado de homicidio y ha abierto las puertas tanto a la absolución como a la imposición de una pena de entre ocho y once años, según el grado de influencia de su trastorno psíquico.
El ministerio fiscal pide veinte años y la acusación particular eleva su petición a 25. Para el abogado de la viuda, Julio Palacios, tenía "odio" hacia la víctima y el acusado era una "persona normal, aunque con rarezas". "Qué delirios, tenía odio", ha clamado ante el argumento de la defensa relativo a una enfermedad obsesiva paranoide con delirios.
Así las cosas, el acusado ha decidido hablar por segunda vez, esta vez no para ser interrogado. Tras cinco días escuchando distintas versiones acerca de su estado mental, y en el final de una larga mañana de declaraciones sobre las conclusiones de las partes (ministerio fiscal, acusación de la viuda, acusación de los padres de la víctima, abogada defensora de la comunidad autónoma y defensa), J.M.V, de 36 años, se ha levantado para leer una cuartilla al jurado de ciudadanos.
Intentando contener la emoción, ha afirmado que sólo puede ser tachado de perfeccionista (como se le ha definido en varias ocasiones y desde distintas voces) si eso significa "saber orientarse con una brújula"; y ha considerado que, si a sus compañeros les molestaba su ritmo de trabajo, se lo tenían que haber dicho.
El acusado ha relatado todas las ocasiones (tres ha dicho) en que presentó queja contra sus compañeros. Ha destacado, además, el momento en el que sus compañeros le agredieron, primero con un golpe de una rama en un árbol y, después, con un puñetazo recibido por parte de su encargado, el cual, además, ha dicho, le había "montado un follón sin venir a cuento".
"Desde ese día, la tristeza y la emoción han dominado mi vida", ha dicho conteniendo el llanto. Ha reconocido haber sentido una "sensación de alivio" justo tras los hechos, pero ha añadido sentirse "destrozado" al día siguiente. "He leído mucho de sicología en la cárcel", ha explicado para afirmar que las agresiones de sus compañeros "desencadenaron en un acto reflejo": lo sucedido aquel día.
Aquel día, tal y como se ha visto reconocido en la vista oral, el acusado salió de la furgoneta en la que los cinco miembros del retén forestal se habían dirigido al paraje 'El Borreguil', en las inmediaciones de un corral derruido que estaban rehabilitando, sacó una pistola de su propiedad y disparó cinco veces sobre la víctima, mientras ésta descargaba un generador junto con otro compañero.
Este compañero, al presenciar los disparos, siguió el impulso de huir y protegerse. Pero después le pidió el arma y J.M.V se la entregó. Luego, le dijo que había hecho lo que tenía que hacer porque su víctima le hacía la vida imposible. El fallecido no tuvo ninguna oportunidad porque de los cinco tiros cuatro entraron en el cuerpo y uno, sobre todo, era mortal de necesidad.
En el desarrollo de la vista oral de hoy, el abogado de la viuda ha insistido en que "lo mató porque quería matarlo" y ha insistido en el "odio" que sentía hacia él tanto por su relación laboral como por motivos personales. Una "venganza", ha dicho, que sirvió "en plato frío". A este respecto, el fiscal ha apuntado a que fue a trabajar con una mochila en la que, además del arma, llevaba comida y ropa para una "huída".
"Frialdad, que no enfermedad", ha insistido Julio Palacios, y un "acto justiciero". El letrado contratado por los padres de la víctima, Víctor Fraile, ha asegurado que era "plenamente consciente" de lo que hacía y, por tanto, es "plenamente imputable". "No hay ataque más vil que disparar por la espalda y sin posibilidad de defensa", ha señalado.
Desde la defensa, Carmelo Irazola ha querido desmontar que se pueda decir que fue por la espalda, ya que los forenses dijeron que había "alta probabilidad" pero no lo certificaron, sobre todo cuando Irazola constató que la entrada del disparo, en la escápula de la espalda, pudo deberse a que la víctima, aun estando delante de su agresor, estaba agachada y agarrando un generador.
Si bien desde la acusación, en coincidencia con el fiscal, se habla de alevosía, Irazola ha asegurado que, en este caso, sólo puede hablarse de alevosía "con un disparo por la espalda" y "no se ha podido probar". También rechaza que se sume el abuso de superioridad, con el objetivo de aumentar la pena, dado que "es un tipo de alevosía".
"En un asunto penal lo que no se prueba no se puede dar por cierto, y difícilmente se puede apreciar alevosía", ha dicho, y, por tanto, ha añadido, "no es asesinato por muy lamentable que sea el hecho".
La defensa, por tanto, habla de homicidio y pide o bien absolución, si el jurado estima que la voluntad estaba anulada, o entre ocho y once años si aprecia una "influencia alta" de su presunta patología. Ésta, para la defensa, ha sido probada por quien es más adecuado para ello: un psiquiatra forense (los peritos del Ministerio de Justicia, que lo rechazan, son expertos en medicina legal).
