EDITORIALES PRENSA NACIONAL
A continuación reproducimos los editoriales de los principales periódicos de prensa nacional en relación con la Sentencia del Tribunal Supremo que condena a Baltasar Garzón como autor de un delito de prevaricación a 11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado.
DIARIO ABC
Garzón paga sus excesos
Ha sido Garzón víctima de sí mismo. Creyó que el fin justificaba los medios y rompió una regla sagrada del Estado de Derecho, convirtiendo la investigación en un proceso inquisitorial.
La condena impuesta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a Baltasar Garzón es la consecuencia de una forma temeraria y arrogante de ejercer la función jurisdiccional. Las pruebas contra Garzón han sido tan rotundas que los sietes magistrados han votado unánimemente la condena por un delito de prevaricación, en concurso con otro de vulneración de derechos fundamentales (defensa e intimidad), cometidos al ordenar indiscriminadamente la grabación de las conversaciones de unos abogados defensores, o cualesquiera otros, con imputados en la trama “Gürtel”. La violación del derecho de defensa era flagrante y no tenía relevancia alguna el uso que la Fiscalía, la Policía o el propio juez Garzón hubieran hecho de esas grabaciones. El delito se cometió desde que la Policía oyó la primera palabra de esas conversaciones. El Estado de Derecho se construye sobre valores éticos que se convierten en principios fundamentales. El derecho de defensa, como bien se encarga de recordar la sentencia del Supremo, es uno de ellos. Garzón creyó que el fin justificaba los medios y que en un clima social de repugnancia contra la corrupción se le disculparía cualquiera exceso. Pero con la orden de grabar aleatoriamente y sin indicio alguno a los abogados de la trama “Gürtel” Garzón rompió una regla sagrada del Estado de Derecho, convirtiendo la investigación en un proceso inquisitorial, y en una práctica totalitaria, según dice la sentencia.
La inhabilitación por once años lo aparta de la Carrera Judicial y contra esta condena solo cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, cuando Garzón solicitó y obtuvo la recusación de su primer tribunal amortizó anticipadamente buena parte de su defensa constitucional por falta de imparcialidad de los jueces que ahora lo han condenado. El Tribunal de Estrasburgo será su baza principal, porque le permitirá explotar la fama internacional que tan afanosamente se ha ido construyendo, más sobre el espectáculo que sobre los resultados tangibles de su actividad como juez. Es posible que la defensa de Garzón en el caso de los cobros a bancos y empresas pretenda que el Supremo pierda su competencia, ahora que Garzón ha perdido su aforamiento. No tendría sentido, toda vez que ya ha terminado la investigación y además hay antecedentes en contra.
Garzón ha sido víctima de sí mismo, no de una trama de corruptos, ni de un franquismo redivivo ni de una red de jueces franquistas. Nadie en su sano juicio puede afirmar esto último Hay que reconocer al Tribunal Supremo la capacidad que ha tenido para resistir la más feroz campaña de desprestigio nunca antes conocida en España contra un órgano judicial, con episodios internacionales incluso, bien expresivos de la supina ignorancia sobre quién es y qué ha hecho realmente Garzón.
DIARIO EL MUNDO
Garzón actuó como si fuera juez de Pinochet
Minutos después de conocerse la sentencia que le inhabilita por un delito de prevaricación, los incondicionales de Baltasar Garzón ya habían convocado manifestaciones de desagravio. Es una lástima que esas personas no se tomen la molestia de leer la devastadora sentencia del Tribunal Supremo, suscrita por unanimidad por los siete magistrados que lo juzgaron. Esto es muy importante porque refrenda que no ha habido divisiones ideológicas sino un criterio jurídico compartido en el fallo.
La resolución del Supremo condena a Garzón a 11 años de inhabilitación para cualquier cargo relacionado con el poder judicial y conlleva la expulsión inmediata de la carrera de juez al quedar probado que incurrió en un delito de prevaricación al ordenar las escuchas de las conversaciones de cuatro abogados con sus clientes, imputados por el caso Gürtel.
La sentencia, sólidamente redactada y fundamentada con extraordinario rigor jurídico, es un demoledor alegato contra la actuación de Baltasar Garzón, de la que dice literalmente que no hay precedentes en nuestro ordenamiento jurídico. El Supremo afirma que las escuchas a los abogados defensores no fueron “una interpretación errónea de la ley sino un acto arbitrario que, carente de razón, desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo”. La actuación del juez supuso de hecho “una laminación” de los derechos de los inculpados, de suerte que el Alto Tribunal advierte que Garzón realizó “prácticas que en los tiempos actuales sólo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa”. O sea, que el ya ex magistrado emuló con su comportamiento al de los jueces de la dictadura argentina o del mismo Pinochet al que persiguió.
Los siete firmantes del fallo consideran que Garzón cometió un delito doloso al ordenar la escucha de las comunicaciones sin ningún tipo de motivación jurídica, haciendo extensibles las sospechas a todos los abogados y contraviniendo lo que dice expresamente la ley.
“La investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación y con mayor razón si implica la vulneración de derechos. La verdad no puede alcanzarse a cualquier precio”, subraya el Supremo.
El fallo desmonta también el argumento del abogado de Garzón de que las escuchas no habían afectado al derecho a la defensa de los imputados. Los siete magistrados entienden que sí, porque “una vez oídas las conversaciones, el investigador ya conoce el sentido de lo hablado”. Resulta evidente que eliminar las transcripciones del sumario no borra el conocimiento de los hechos.
Otro aspecto esencial de la defensa de Garzón, tesis también recogida por el fiscal, es que el juez de la Audiencia tal vez pudo equivocarse, pero lo que hizo fue una legítima interpretación de la norma. El Supremo rechaza este planteamiento y sostiene que las decisiones de Garzón “se alejaron de modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho”.
Como era previsible y en coherencia con la actitud desafiante que mantuvo a lo largo de todo el proceso, el ex juez emitió anoche un comunicado en el que dice que ha sido condenado de “forma injusta y predeterminada”. Afirma que su trayectoria contra el terrorismo y el narcotráfico no ha sido tenida en cuenta, como si ello fuera un aval para actuar por encima de la ley. Y acusa al Supremo de haber “violentado” sus derechos, de haber “desatendido sus peticiones de defensa” y haber ordenado un juicio, que era “una excusa” para condenarle con “una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses”.
En el colmo de la paranoia, sostiene que el fallo del Supremo “elimina toda posibilidad de investigar la corrupción”, como si el único medio para hacerlo fuera vulnerar las garantías constitucionales. Ello revela la megalomanía de este hombre, que se siente víctima de una conspiración universal y que se permite el lujo de despreciar e insultar al Supremo.
En la misma línea argumental, Antonio Hernando, miembro de la Ejecutiva del PSOE y persona de la absoluta confianza de Rubalcaba, aseguró que el fallo es “incomprensible”, “desproporcionado” y que “conmocionará a la ciudadanía”. Una reacción que recuerda a la del propio Rubalcaba tras la sentencia que condenaba a Vera y Barrionuevo por el secuestro de Marey, en julio de 2008, cuando aseguró que eran “inocentes” dijera lo que dijera el veredicto del Supremo.
Como mil mentiras no se convierten en una verdad a fuerza de repetirlas, aquí queda esta sentencia para vergüenza no sólo de Rubalcaba y del anterior Gobierno, que siempre defendieron a Garzón, sino también de la Fiscalía, cuya actuación en el proceso ha consistido en actuar de parapeto del juez condenado.
EL PAÍS
Garzón, neutralizado
El Supremo inhabilita al juez avalando las tesis de la defensa de los cabecillas del ‘caso Gürtel’
La condena del juez Baltasar Garzón por las escuchas en la cárcel a los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados, sospechosos de connivencia para blanquear fondos ocultos en Suiza, ya había sido anticipada en los autos del instructor del caso, a poco que se prestara atención a sus argumentos y al modo de exponerlos. Que Garzón haya sido condenado por un delito de prevaricación a once años de inhabilitación supone dejar fuera de la carrera judicial a un juez que, cualesquiera que sean las opiniones sobre él, ha rendido importantes servicios a la sociedad en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada, además de desempeñar un papel relevante en la aplicación de la justicia universal a la defensa de los derechos humanos conculcados por las dictaduras.
Los siete jueces del Supremo que, por unanimidad, condenan a Garzón hacen un canto al derecho de defensa -que debe compartirse- y señalan que la intervención de las comunicaciones entre los presos cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados no fue un error de interpretación de la ley sino un acto arbitrario, equiparable nada menos que a "prácticas de regímenes totalitarios". Si la actuación de Garzón merece tales reproches, estos alcanzan al ministerio fiscal que avaló las escuchas, al juez Pedreira que las prorrogó cuando se hizo cargo de la instrucción del caso Gürtel, y al magistrado del Tribunal Superior de Madrid que discrepó de su anulación. Es disparatado sugerir, por más que le venga bien al Supremo para reforzar su condena, que el ministerio fiscal haya podido respaldar prácticas totalitarias o se haya abstenido de perseguirlas.
La confluencia de diversos actores sobre la actuación de Garzón avala a esta como defendible en derecho, aunque resultara errónea según estableció en su día el Tribunal de Justicia de Madrid. Si se hubiera percibido como arbitraria hasta el punto de ser prevaricadora, como señala el Supremo, no habría sido compartida hasta el final por la fiscalía. La condena a Garzón supone convertir al menos al ministerio fiscal en cómplice de su actuación. También el fiscal, y no sólo Garzón, observó indicios de connivencia entre los jefes presos de Gürtel y sus abogados y no dudó del amparo de la ley para impedir que una parte de los millones de euros amasados en sus contactos corruptos con las Administraciones públicas terminara en paraísos fiscales.
La hipótesis de impedir el delito explica la actuación de Garzón en un caso de delincuencia organizada, con abundantes medios para burlar la ley, incluida la posible complicidad de abogados bien remunerados. Ha prevalecido, en cambio, la más disparatada, absurda e incluso ofensiva: que buscó desbaratar "las estrategias de defensa" hasta el punto de colocar "el proceso penal español al nivel de los sistemas totalitarios". Pero era la que servía para alcanzar el objetivo buscado: anular a Garzón como juez.
LA RAZÓN
Garzón, juez indigno
Por unanimidad de los siete magistrados que forman la Sala de lo Penal, el Tribunal Supremo ha puesto fin a la accidentada carrera judicial de Baltasar Garzón por haber cometido prevaricación al vulnerar el derecho fundamental de defensa.
En una impecable sentencia, el tribunal desmonta la argumentación de Garzón basada en que había incurrido en una interpretación errónea de la Ley y concluye que fue un acto arbitrario y carente de razón “que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo”. Aunque la condena de un juez sea frustrante por lo que tiene de deslealtad de un funcionario público, debe celebrarse como el triunfo de la Ley, que obliga a todos por igual, y como una victoria del Estado de Derecho, que se fortalece al expulsar de su seno a los servidores indignos. Así ha ocurrido en ocasiones anteriores, con la inhabilitación y expulsión de magistrados corruptos y prevaricadores, probando que la Justicia se administra con equidad e independencia. En el caso de Garzón, sin embargo, la decisión del Tribunal Supremo tiene un valor añadido en la medida en que ha hecho frente a una feroz campaña mediática para demonizar a los magistrados, hurgando obscenamente en sus biografías, y a un acoso político organizado por la izquierda asilvestrada, que no ha tenido empacho en vampirizar el dolor de las familias con antepasados asesinados en la Guerra Civil. Con el fanatismo de los “hooligans”, se ha presentado a Garzón como gran azote de la corrupción y debelador de dictadores (salvo Fidel Castro y adláteres), alguien por encima del bien y del mal, de modo que sólo los franquistas irredentos y los jueces envidiosos tendrían motivos para sentarlo en el banquillo. Ha sido tan grotesca la puesta en escena, tan de ópera bufa con banderas republicanas y sindicalistas decimonónicos en procesión, que aparte de perder ante la Ley, Garzón también ha perdido el respeto del ciudadano sensato y el beneficio de la duda. Con amigos así, al ex juez le han sobrado todos los enemigos, supuestos o reales. Además, con su conducta indigna y su estilo chapucero de instrucción, no sólo ha cavado su tumba profesional, sino que ha dañado gravemente la causa contra la corrupción del caso Gürtel. Víctima de una vanidad de vedette y obsesinado con machacar al PP como salvoconducto para volver a la política, Garzón forzó hasta el delito la investigación y ha terminado beneficiando a los presuntos corruptos. En este punto, cabe recordar que es la segunda vez que un alto tribunal (el primero fue el Superior de Madrid) condena la actuación de Garzón en el “caso Gürtel” al anular las pruebas obtenidas mediante las escuchas ilegales. En suma, el señor Garzón ya es libre de emprender su ansiada carrera política; eso sí, sin utilizar el atajo de la toga de juez.
REVISTA DE PRENSA INTERNACIONAL
TIME: “Sentencing Spain's 'Superjudge': Why Baltasar Garzón Is Being Punished”
Extracto de la traducción del artículo
Baltasar Garzón es uno de los más famosos magistrados del mundo, tan incansable en su búsqueda de justicia que no le paraban ni fronteras nacionales ni jurisdicciones extranjeras. El jueves, no obstante, el propio Garzón ha sido declarado culpable de cometer un delito. Conocido sobre todo por arrestar al dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad, el juez español ha sido condenado por un tribunal de Madrid por ordenar escuchas ilegales; ha sido suspendido de sus funciones durante 11 años. Aunque muchos observadores, dentro y fuera de España, comprenden por qué ha sido procesado por estos hechos, ... muchos le creen víctima de una caza de brujas. Garzón ha sido un personaje polémico durante mucho tiempo en España. Desde su cargo en la Audiencia Nacional, ha perseguido terroristas... Pero su reputación no ha impedido que él mismo fuera procesado ... en tres causas distintas ... En el asunto decidido el jueves, Garzón ordenó a la policía que grabara conversaciones entre sospechosos mientras estaban en prisión y sus abogados. El instructor del caso tildó su actuación de ‘monstruosa’ y le acusó de situarse como una suerte de Gran Hermano que se cree con derecho a escucharlo todo. Siempre luchador, Garzón declaró tras el veredicto que la sentencia carece de base jurídica condenándole sin pruebas, y que elimina cualquier posibilidad de investigar la corrupción y los delitos asociados a ella, abriendo la vía a la impunidad y quebrando la independencia de la justicia española en su conjunto.
FINANCIAL TIMES: “Spanish judge Garzón barred for 11 years”
NEW YORK TIMES: Prominent Rights Judge Is Convicted in Spain
