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15M

El juez Velasco envía a los juzgados de Barcelona la causa sobre el acoso al Parlamento catalán

09/02/2012
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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a los juzgados de Barcelona la causa en la que investigaba el acoso al Parlamento de Cataluña que un grupo de manifestantes del movimiento 15-M protagonizó el pasado 15 junio, informaron fuentes jurídicas.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a los juzgados de Barcelona la causa en la que investigaba el acoso al Parlamento de Cataluña que un grupo de manifestantes del movimiento 15-M protagonizó el pasado 15 junio, informaron fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha adoptado esta medida en cumplimiento de la orden que le dio la Sala de lo Penal, que acogió un recurso de las defensas de los 20 imputados y estableció que el Parlamento de Cataluña y las asambleas legislativas del resto de comunidades autónomas no pueden considerarse "altos organismos de la Nación", por lo que no corresponde a la Audiencia Nacional investigar los delitos que se cometan contra ellas.

El auto de la mayoría de la Sala, que fue redactado por la magistrada Manuela Fernández de Prado, sostenía que las asambleas legislativas autonómicas "no pueden reputarse" como altos organismos de la Nación, pues "sólo lo serán aquellos organismos del Estado cuyo ámbito sea la Nación".

"La competencia de la Audiencia Nacional debe limitarse a los altos organismos cuyo ámbito sea el de toda la Nación", señalaba la Sala de lo Penal en la resolución judicial, cuyo fallo fue adelantado el pasado 30 de enero.

VOTO PARTICULAR DE UNA MAGISTRADA

La magistrada Ángeles Barreiro emitió un voto particular en el que sostenía, en contra del criterio de sus 16 compañeros de la Sala de lo Penal, que los términos "altos organismos de la Nación", recogido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), e "instituciones del Estado", contemplado en el artículo 498 del Código Penal, deberían ser "equiparables", ya que el Código de 1973 castigaba con las mismas penas a los que "atentaran contra las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, los Consejos de Gobierno de las mismas o sus miembros".

A su juicio, la competencia de la Audiencia Nacional respecto de los delitos cometidos contra los altos organismos de la Nación que la LOPJ estableció en 1995 debería incluir a las asambleas regionales. "La competencia de la Audiencia Nacional no debe interpretarse extensivamente pero considero que no cabe tachar de aplicación extensiva del fuero competencial los casos en los que la nomenclatura legal haya sido sustituida por efecto del Código Penal de 1995", señalaba.

A ello añadía que aunque "el Estado que representa la Nación española es uno, cualesquiera que sean las formas en que se decante", la "interpretación restrictiva" que asociaría los altos organismos de la Nación sólo a las Instituciones del Estado de ámbito central "no aparece en el texto del Código Penal de 1995".

La mayoría de la Sala de lo Penal, sin embargo, defendió que la interpretación de la LOPJ no puede ser "extensiva", ya que "la propia base de la organización territorial de las comunidades autónomas pretende que la cúspide de la organización judicial en su ámbito territorial sea el del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma".

20 IMPUTADOS

El juez Velasco imputó a 20 personas que trataron de impedir el acceso de los diputados a la Cámara legislativa, donde se iban a discutir los recortes prespuestarios aprobados por el Gobierno de la Generalitat, tendrá que inhibirse de esta causa al aceptar la Sala de lo Penal un recurso presentado por las defensas de 12 de ellas.

Las imputaciones se produjeron después de que el magistrado solicitara a la policía autónoma catalana que identificara a las personas que participaron en estos hechos y que le enviara las imágenes que fueron grabadas en las inmediaciones del Parlamento catalán.

Algunos diputados autonómicos fueron objeto de insultos, abucheos y empujones cuando intentaban acceder a la Cámara a través del Parque de la Ciudadela de Barcelona, mientras que otros, como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, fueron trasladados en helicóptero.

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