MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) –
Según ha dicho ante la Comisión Constitucional del Congreso, en su respuesta a los grupos de la oposición, el Gobierno tiene la intención de que los miembros del CGPJ de extracción judicial sean nombrados efectivamente "por y entre jueces y magistrados".
La Constitución establece que, de los 20 vocales del CGPJ, ocho son juristas seleccionados por las Cortes y los doce restantes habrán de ser jueces y magistrados cuya elección se regula por Ley Orgánica. La última reforma, pactada en su día por PSOE y PP, establece que, aunque son seleccionados por los profesionales, han de ser votados al final por el Congreso y el Senado, lo que hace que sean los partidos los que tengan la última palabra.
Sáenz de Santamaría ha anunciado su pretensión de volver al sistema anterior a 1985, cuando entró en vigor la Ley Orgánica que exigió que todos los vocales fueran sometidos a votación por las Cortes. "El sistema actual ha dado los resultados que hemos visto", ha soltado.
PROTESTA DEL PSOE
El anuncio lo ha lanzado en el último momento de su intervención por lo que el PSOE ha pedido la palabra ara exponer su posición pero el presidente de la Comisión Constitucional, Arturo García Tizón, del PP, se ha negado a abrir un nuevo turno de intervenciones, aunque la vicepresidenta del Gobierno había dicho que no tenía inconveniente en responder.
En declaraciones a los periodistas una vez finalizada la comisión, Jáuregui ha denunciado que no es "respetuoso" con la Cámara que los diputados hayan conocido el anuncio "a través de un (periódico) digital", que avanzó el anuncio horas antes de que lo hiciera la vicepresidenta, y ha criticado que no se haya podido debatir sobre "una propuesta de ese calado", que "rompe profundamente los consensos básicos".
Dicho esto, el portavoz socialista se ha manifestado en contra de la propuesta del Gobierno, ya que su grupo considera que a los miembros del CGPJ "deben elegirlos el Parlamento" para no "limitar" las opciones de algunos candidatos, entre los que ha citado a catedráticos y abogados del Estado, pero también para no privar a la soberanía popular de la potestad de elegir al órgano de gobierno de los jueces.
