SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
En este caso están acusados el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho.
Pues bien, en el transcurso de una vista celebrada en la mañana de este martes en la Audiencia Provincial de Sevilla para debatir sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas, el fiscal ha ratificado su oposición a las mismas, pues entiende, en el caso de la grabación, que "debe de descartarse cualquier tipo de provocación", tal y como han defendido los abogados defensores, a lo que se añade que, en el encuentro previo a la reunión que fue grabada, "la iniciativa la tomó uno de los acusados" y no los empresarios.
Del mismo modo, se ha opuesto a la petición de las defensas en cuanto a que no sea un jurado popular el que enjuicie el caso, ya que el fiscal entiende que los acusados tienen la condición de funcionarios públicos. Todas las acusaciones, a excepción del PSOE, han defendido la conveniencia de que sea un jurado el que enjuicie el caso, pues "está clara" su condición de funcionarios públicos. El abogado del PSOE ha señalado que, aunque "nos da exactamente igual, se trata de defender el principio de legalidad; este tema nunca debe de llevarse ante el jurado", ha apostillado.
SEGÚN MERCASEVILLA, "NO HA HABIDO NINGÚN TIPO DE ARDID"
El abogado de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla, por su parte, ha aseverado que "está plenamente acreditada la espontaneidad" de la grabación, incidiendo en el hecho de que son los acusados los que "llevan la iniciativa". "No ha habido ningún tipo de ardid", ha defendido, mientras que el abogado del PP ha negado que se hayan vulnerado los derechos fundamentales y que hubiera una intención "torticera" en la grabación, pues de hecho las personas que la grabaron "no están hoy aquí sentadas como acusación".
De su lado, el abogado de Mellet ha defendido que la grabación "es nula a todos los efectos" y "determina la anulación de todo el procedimiento y el archivo y sobreseimiento de la causa", aseverando que "se trata de un virulento ataque a los derechos fundamentales" de su cliente, ya que la grabación "no es espontánea y se produce con una clara provocación" de cara a aportar la prueba en el juicio. Ha opinado que, caso de admitirse la prueba, "se vulnerarían las reglas de un proceso justo".
Al hilo, ha sostenido que el caso debe ser enjuiciado por un tribunal profesional y no por un jurado popular, pues su cliente "no tiene la condición de funcionario público". Por su parte, el letrado de Ponce también ha pedido la nulidad de la grabación, pues se trata de una prueba "provocada".
EL JURADO, "UNA AUTÉNTICA PELADILLA AMARGA"
Por último, el abogado de Rivas, que no ha planteado cuestión previa alguna, ha opinado que el asunto es de tal calibre que supone "una auténtica peladilla amarga para un jurado popular", mientras que el letrado de Pereira, la única de las acusadas que ha acudido a la vista, ha defendido que no es una funcionaria pública, "atendiendo sobre todo a la forma en que se produjo su nombramiento".
