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La trampa del “copago” sanitario; por Óscar Celador, Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

16/11/2011
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El día 16 de noviembre de 2011, se ha publicado en el Diario Público, un artículo de Óscar Celador, en el que el autor, opina sobre el “copago sanitario”. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

LA TRAMPA DEL “COPAGO” SANITARIO

Uno de los epicentros de los debates electorales a los que estamos asistiendo estos días es el futuro del actual Estado del bienestar, este contexto, la conservación del modelo de asistencia sanitaria universal, que permite el acceso a la sanidad a todos los españoles sin importar su capacidad económica.

La fiebre de recortes a la que parece que estamos abocados ha provocado que, mientras que unos son partidarios de subir los impuestos para conservar el modelo sanitario, otros proponen el denominado copago sanitario para salvaguardar la sostenibilidad del sistema.

El copago sanitario supone que los potenciales usuarios de la sanidad pública sólo podrán disfrutar de sus servicios a cambio de pagar una contraprestación económica. De esta manera, pese a que, según el artículo 31 de la Constitución, todos los españoles tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, los contribuyentes sólo podrán beneficiarse de una parte de los servicios que se prestan a cargo de sus impuestos si pagan una tasa adicional; o dicho de otra manera, sólo podrán disfrutar del derecho a la salud que proclama el artículo 43 de la Constitución aquellos que puedan pagar el importe del copago, por lo que de instaurarse este sistema estaríamos ante un derecho completamente vacío de contenido.

La política del copago no es novedosa en nuestro ordenamiento jurídico, ya que bajo la fórmula de las tasas o los precios públicos, los usuarios cofinancian algunos servicios públicos como, por ejemplo, el coste de la matrícula de las universidades públicas. Ahora bien, la sanidad es un servicio público fundamental en el marco del Estado del bienestar, pues todos los individuos, aunque puede que en diferente medida, están llamados a utilizar este servicio. Asimismo, poner un precio al disfrute de la sanidad pública equivale, por una parte, a subordinar algo tan importante como la salud al poder adquisitivo de los sujetos; y por otra, a cargar una parte importante del coste del sistema sanitario a los enfermos y a determinados colectivos, como los menores y los mayores, pese a que el sentido común indica que esto es una auténtica villanía.

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