MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha remitido un escrito a la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, a través del cual solicita que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)que permite a los miembros de la judicatura que ocupen cargos políticos no perder su antigüedad en la Carrera.
La asociación, que agrupa a un centenar de jueces, abogados, catedráticos, notarios, abogados del Estado y empresarios, considera conveniente recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma que introdujo el Parlamento vía enmienda para permitir a los jueces y fiscales que han tenido un cargo político computar este periodo como tiempo efectivo en su Carrera y no perder antigüedad en el escalafón.
Para la plataforma, esta "precipitada" reforma "consagra y da plena rienda suelta a un constante trasiego de ida y vuelta de los jueces a la política" en detrimento de las situaciones estatutarias ya consolidadas por el resto de magistrados que decidieron permanecer en activo.
CRITICA EL AGRAVIO COMPARATIVO
Se trata, en su opinión, de un "agravio comparativo" que quebranta "el principio de igualdad en el acceso de todos a sus correspondientes cargos públicos".
Entre los "visos de insconstitucionalidad" de la reforma, aprobada por las Cortes el pasado 22 de septiembre, critica que supone "una seria fisura" en el principio de división de poderes y de independencia judicial que recoge la Constitución.
Desde el punto de vista forma, la asociación también señala que la modificación legal resulta contraria a la Carta Magna por haber vulnerado en su proceso de elaboración la doctrina del Constitucional que exige "con carácter general para cualquier Asamblea Legislativa la necesidad de que haya una correlación material entre la enmienda y el texto enmendado.
"La intención del constituyente es que la aprobación de los textos legislativos se produzca siempre, en primer lugar, en el Congreso", señala la plataforma, que indica que las enmiendas introducidas por el Senado deben "guardar una mínima relación de homogeneidad material con los proyectos de ley remitidos por el Congreso".
Por todo ello, la asociación considera que la reforma de esta norma es contraria a la Constitución y el Alto Tribunal debe someterla al "más profundo estudio".
