MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha propuesto este miércoles la creación de una agencia estatal que gestione el servicio de asistencia jurídica gratuita en toda España con el fin de superar la situación actual y evitar la disparidad en el pago a los abogados de oficio.
De Rosa ha realizado esta propuesta en el curso de un encuentro que ha mantenido hoy con diversos medios informativos organizado por la Asociación de Informadores y Comunicadores Jurídicos (ACIJUR), en el que ha desglosado las iniciativas que, a su juicio, debería emprender el Gobierno que resulte del 20-N para lograr una administración de Justicia más eficaz y cercana a los intereses del ciudadano.
Sobre la citada agencia estatal, De Rosa ha apuntado que este órgano, dependiente del Ministerio de Justicia, debería asegurar que los abogados de oficio que realicen un igual trabajo cobren lo mismo con independencia del territorio en el que desempeñen su labor, que debe ser remunerada de forma adecuada, sea cual sea el presupuesto de cada comunidad autónoma.
Ha indicado además que él apuesta por el modelo actual, potenciando la figura de los colegios de abogados como proveedores servicio en cada territorio correspondiente.
Sobre los problemas de impago, el vicepresidente del Poder Judicial ha reconocido que Madrid supera una mayor carga que otras comunidades en lo referido a la asistencia jurídica gratuita, puesto que además de las cuestiones derivadas de su capitalidad, esta región también se ve afectada en mayor medida que otras por la entrada de extranjeros y los recursos que generan los mecanismos de expulsión.
NO A LA DEVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS
Para De Rosa, uno de los principales problemas de la Administración de Justicia es precisamente que se trata de un servicio público parcialmente transferido, si bien considera que la devolución de las competencias al Ministerio, tal y como ha planteado la Comunidad de Madrid, supondría "un fracaso".
A su juicio, lejos de apostar por estos planteamientos, todos los responsables de la gestión en materia de Justicia deberían aprovechar el actual momento de crisis para reordenar el modelo.
No obstante, el vicepresidente del CGPJ se muestra contrario a fórmulas como el copago en la Administración de Justicia, ya que a su juicio se trataría de un "repago" porque la gestión ya se sufraga con los impuestos. Lo que propone es que los intereses que ya generan en las entidades financieras las tasas, multas o depósitos judiciales reviertan directamente en Justicia.
CGPJ
Respecto de las propuestas de reforma del CGPJ realizadas por el PP, en el sentido de que sean los propios jueces los que elijan directamente a 12 de los 21 vocales, De Rosa ha señalado que le parece bien, aunque lo importante es que la forma de elección sea lo más democrática posible, de forma proporcional y con listas abiertas. El actual sistema también le parece "legítimo", ya que se realiza por las Cortes en base a las propuestas que realizan las propias asociaciones judiciales.
Otra de las ideas apuntadas por De Rosa durante el encuentro ha sido la de la superación del actual partido judicial, herencia de la sociedad agrícola de finales del siglo XIX, mediante una nueva ley de Planta y Demarcación que residencie los juzgados en las capitales. A su juicio, ello redundará en rapidez, eficacia y ahorro.
Esta nueva configuración debería ir acompañada, según el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, de la aplicación de la figura del juez de adscripción territorial, que se destine allí donde se necesita.
NOTARIOS DIVORCIANDO
También apuesta De Rosa por la desjudialización de determinadas materias en favor de los sistemas de mediación, conciliación o arbitraje. Los divorcios de mutuo acuerdo, por ejemplo, podrían ser realizados si ningún problema por notarios.
En el capítulo de reformas procesales, De Rosa ha destacado la importancia del proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que ha decaído por haber concluido la legislatura. A su juicio, debe superarse el debate juez y fiscal instructor para concluir que, quien finalmente diga el legislador que debe instruir los procedimientos tenga garantías de independencia. "Si es el fiscal, habrá que modificar el Estatuto Fiscal", ha apuntado.
En el amplio repaso que ha dado De Rosa a la actualidad judicial no ha faltado la alusión a la nueva Oficina Judicial, que a su juicio será un fracaso si no va acompañada de del desarrollo del expediente digital. También se mostró convencido que todos estos avances precisan de un Pacto de Estado entre los diferentes partidos políticos.
