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  • EDICIÓN DE 28/10/2011
 
 

Alaba las bondades de la Ley de acceso a la abogacía

Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), defiende a ultranza la justicia gratuita

28/10/2011
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También afirma que se necesitan mecanismos para que el ciudadano pueda hacer caer a un político

Diario de Mallorca. 27.10.2011

Con el mismo ímpetu, alaba las bondades de la Ley de acceso a la abogacía, reclamación histórica de la profesión.

-¿Está en peligro el turno de oficio en España, o concretamente, en algunas comunidades autónomas?

-Pues... es que no puedo ni imaginármelo. Este modelo de justicia gratuita ha costado mucho ponerlo en marcha y que funcione tan bien como para ponerlo en peligro. Creo que las mayores dificultades ahora mismo con el turno de oficio son las económicas, no creo que haya otras razones. Me preocupa. Lo que no veo es coherencia en que año tras año se presupuesten cantidades cada vez menores a la del año anterior con una visión un tanto ciega de la realidad. Nos duele la falta de consideración que aparenta ser esa ausencia de previsión a un servicio que se presta todos los días del año, 24 horas y a cargo de 36.000 especialistas de toda España. A esto habría que añadir que hay muchas comunidades que no han actualizado las cantidades que se pagan por estos servicios en los últimos años. La retribución de la justicia gratuita hoy no cumple con lo exigido en la ley de 1999, que es una retribución digna.

-¿Quiere decir con ello que los abogados de oficio no cobran lo suficiente y que están mal remunerados en relación al servicio que prestan?

-No cobran cantidades que compensen adecuadamente el trabajo que desarrollan. Los compañeros y compañeras del turno de oficio, generosamente, están atendiendo por unas cantidades que en muchas ocasiones no cubren ni los costes.

-Decía que los presupuestos no están actualizados. En plena crisis, ¿de dónde vendría el dinero?

-De los Presupuestos Generales del Estado. Con dinero público y con los impuestos.

-¿Y cree que sería conveniente aplicar unas tasas o recurrir al copago?

-Yo no soy partidario de los copagos. Lo que puedo pensar es en actualizar la justicia gratuita, porque no en vano desde la ley de 1996 han sucedido muchas cosas, y se han subido a la justicia gratuita muchos servicios que antes no existían, por ejemplo la violencia de género, uno de los más especializados, de los que mejor funciona y que menos compensa económicamente. Entonces, podemos pensar en actualizar la justicia gratuita, pero el copago no me parece una solución inmediata. Lo que sí hay que decir es que la justicia gratuita es un imperativo constitucional, y un sector que, relativamente, no sale tan caro. Comparen ustedes las cantidades con otro servicio público. Estamos hablando de casi dos millones de ciudadanos que se benefician de ella cada año.

-Imagino que rechaza la privatización del turno de oficio, aunque parecía que algunas comunidades, como Madrid, se la estaban tomando en serio.

-No, no, no. Eso se viene diciendo desde hace años en varias comunidades, no solo Madrid. Pero a la hora de la verdad nadie ha puesto la privatización encima de la mesa.

-¿Hay suficiente valentía entre abogados, jueces y fiscales para luchar contra la corrupción?

-Sí. Mientras sean libres y neutrales hay valentía y herramientas para atacar la corrupción. Y no es fácil, no.

-¿Por qué?

-Porque el delito tiene más recursos que el Estado y porque las garantías que hay respetar las explotan adecuadamente los malos. Pero eso no nos debe impedir luchar contra la corrupción. Los malos, tarde o temprano, caen.

-¿Debe dimitir un cargo público cuanto tiene una causa abierta en su contra?

-Todo el mundo es inocente hasta que un juez no diga lo contrario en sentencia firme. Un político, igual que un ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia. Y la ciudadanía también tiene derecho a informarse y a opinar. Lo que hay que hacer es desarrollar mecanismos para que la ciudadanía, en cualquier momento, pueda hacer caer a un político. No creo que estemos en una democracia lo suficientemente moderna. Sí representativa, pero no participativa. Los ciudadanos deberían decidir que ya está bien de que algunos sigan obstruyendo los juzgados.

-Entonces no cree que tengan que dimitir, ni por responsabilidad política ni por ética.

-Ahora le respondo como profesional de la abogacía. Con este criterio deberían dimitir, y yo así se lo recomendaría. Yo he defendido a políticos y muchos de ellos han dimitido para dedicarse a defenderse. Y a los que me han hecho caso les ha ido bien.

-Es decir, que como estrategia de defensa sí aconseja dimitir. ¿Por tiempo, por imagen, o por qué?

-Por tiempo, porque se recogen más pruebas, y muy importante: porque la ciudadanía no se comporta del mismo modo con quien está en el poder que con quien no. El expolítico ya pasa a verse más como un igual.

-¿Cual es el objetivo de la nueva Ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador, que obliga a superar un máster y unas prácticas para poder colegiarse?

-Formación y formación, que es lo que necesitan todos los profesionales del Derecho y que contribuye también a que el ciudadano sepa que se le prestan unos servicios de calidad.

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