ALICANTE, 07 (EUROPA PRESS)
Con motivo de la IV Conferencia de Presidentes de las Abogacías del Mediterráneo, que se celebra en Alicante, y preguntado al respecto por los medios de comunicación, Carnicer ha opinado que "no tiene sentido que acreditado los gastos que cuesta un servicio, al presupuestarlos para el año siguiente se reduzcan".
En su opinión, "lo que peor sabe es la falta de consideración que significa eso, el hecho de que año a año los presupuestos para sufragarlos resulten escasos es un poco preocupante, a veces insultante". "¿Si se sabe que en este ejercicio la justicia gratuita ha costado tanto, por qué al presupuesto siguiente se presupuesta menos?, ¿a quién se quiere provocar o por qué sucede eso?, por lo menos, que se explique", ha pedido.
A su juicio, es una "especie de menosprecio hacia un servicio que es magnífico que funciona las 24 horas al día y los 365 días del año y con profesionales muy especializados".
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Alicante, Mariano Caballero, ha expresado también su "preocupación" por este asunto porque, desde su punto de vista, "lo que está en juego es, por una parte, una retribución justa" pero "también los derechos fundamentales de los ciudadanos que se debe de tratar que no estén en peligro".
En esta línea, ha argumentado que "un cambio de sistema, un cuerpo de abogados defensores o sacar a licitación el servicio, incluso privatizándolo, parecería inadmisible para la abogacía". A este respecto, ha precisado que esta postura "no es por el dinero, sino porque supondría la quiebra del derecho de defensa con total libertad e independencia", ya que un abogado "no puede actuar jerarquizado en el derecho de defensa, ni con criterios de rentabilidad".
Así, ha insistido en defender "el sistema actual, gestionado por el colegio, con incorporación los que libremente quieren hacerlo" porque eso es "lo que garantiza el derecho de defensa".
MECANISMOS DE CONTROL
No obstante, sí se ha mostrado partidario de intensificar "mecanismos de control", ya que hay casos en los que, aunque un detenido sea atendido por el turno de oficio, luego, en caso de que se demuestre que efectivamente puede pagarlo, sea requerido para que lo haga. "Se escapan muchos", ha dicho Caballero, quien se ha mostrado abierto a colaborar para detectar este tipo de casos.
En este mismo sentido, ha rechazado una huelga del servicio porque sería "traspasar la línea roja", ya que cabría la posibilidad de "mermar algún derecho de algún ciudadano". Caballero se ha definido, de esta manera, "absolutamente contrario a la huelga", porque se estaría "perjudicando a los ciudadanos".
Respecto a los retrasos, el decano alicantino ha indicado que el "día 30 de septiembre se tendría que haber pagado el segundo trimestre de 2011 y no se ha pagado; y del primer trimestre, que se tendría que haber pagado el 30 de julio, se pagó un 40 por ciento y está pendiente un 60 por ciento, en unos días se hará efectivo, sino un total, al menos una parte".
Ha apuntado, además, que durante la conferencia, los decanos de la Comunitat Valenciana aprovecharán para "cambiar impresiones sobre esta situación, ver qué soluciones podremos poner, ya que Generalitat está poniendo encima de la mesa propuestas para reducir y gestionarlo de otra manera".
Por otro lado, sobre el secreto profesional, Carnicer ha apuntado la posibilidad de que una vez acaben las jornadas, se eleve una propuesta para todos los gobiernos del área mediterránea para que "clarifiquen de una vez por todas el secreto profesional o de la afección del secreto profesional en lo que refiere al blanqueo de capitales".
