MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
"Visto para sentencia y despejen la sala", ha dicho el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, poniendo así fin a un juicio que se ha desarrollado en seis sesiones repartidas en dos semanas en las que han comparecido más de 40 testigos, además de García Ortiz y González Amador.
El juicio se ha centrado en la presunta filtración a la 'Cadena SER' la noche del 13 de marzo de 2024, por parte de García Ortiz, del 'email' que el 2 de febrero de ese año la defensa de González Amador envió a Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera los dos delitos fiscales por los que se le investigaba a cambio de evitar la cárcel.
No obstante, también se ha puesto el foco en la nota de prensa emitida a las 10:22 del 14 de marzo de 2024 por el Ministerio Fiscal para desmentir una información publicada a las 21:29 del 13 de marzo por 'El Mundo' donde se decía: 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales'.
Por estos hechos, que han fluctuado a lo largo de la investigación y también del juicio, el fiscal general se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y el pago de más de 400.000 euros, entre multa e indemnización.
"El fiscal general del Estado es inocente", ha fijado el abogado del Estado José Ignacio Ocio en su informe final, donde ha justificado el comportamiento de García Ortiz la noche de autos ante la "gravedad" de las acusaciones lanzadas contra la Fiscalía y sus miembros.
Ocio ha descrito una "dinámica de cuestionamiento" que habría comenzado desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid --por parte de su presidenta y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, 'MAR'-- y habría culminado con la publicación de 'El Mundo', para descalificar el trabajo del Ministerio Público.
Ha situado el detonante en esa noticia porque reflejaba lo que ha considerado una "actividad prevaricadora" por parte de un fiscal, "con nombre y apellidos" --Julián Salto--, ya que se indicaba que "había ofrecido un pacto a una persona inocente para arrancarle una confesión, con una motivación política".
El letrado ha esgrimido que "era necesario salir a desmentir esas informaciones falsas" y que no se podía desdecir "de oídas" a "un periódico como 'El Mundo'", sino que había que saber qué era exactamente lo que había pasado, de ahí que García Ortiz activara el mecanismo interno de la "dación de cuentas" para obtener toda la cadena de 'emails' entre la defensa del empresario y Salto.
El objetivo, ha recalcado, era elaborar una nota de prensa que explicara lo realmente ocurrido y hacerlo "cuanto antes". "Una nota de prensa no puede tardar tres días, se estaba instalando un relato (...) y eso se tenía que atajar de forma ágil (...) No puede esperarse al día siguiente", ha defendido, criticando de paso la postura de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que abogó por actuar calmadamente.
Para Ocio, esta "frenética actividad" de García Ortiz fue legítima, no solo por su motivación, sino también porque ha estimado que a esas alturas ya no había ningún secreto que proteger.
Y ello, ha manifestado, porque ha quedado establecido que González Amador reenvió a 'MAR' un pantallazo de un 'email' de 12 de marzo de 2024 donde Salto se abría a pactar y le autorizó a "moverlo"; que Rodríguez así lo hizo "desde las 19:00" del 13 de marzo entre periodistas; y que el novio de Díaz Ayuso habló esa mañana con el periodista de 'El Mundo' que firmó la citada pieza, donde "hablaban de las negociaciones de conformidad" y "se daban entrecomillados" de ese segundo correo.
Con todo, no ha dudado en afirmar que "la única filtración acreditada" partió de González Amador y su entorno. Y, "cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, éste pierde su carácter reservado", ha alegado.
Como culmen, ha enunciado uno a uno los indicios recogidos por el magistrado instructor, Ángel Hurtado, y enarbolados por las acusaciones para combatirlos y enfatizar que no son más que eso porque "no hay prueba".
"UNA MONEDA POLÍTICA"
Por contra, las acusaciones, encabezadas por el abogado que representa a González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, han sostenido que hay indicios suficientes y "prueba directa" de que García Ortiz fue quien filtró el 'email' de 2 de febrero.
Según su razonamiento, lo facilitó a la prensa esa noche buscando una "cobertura legal" para al día siguiente poder emitir la nota de prensa donde se plasmara que el empresario estaba dispuesto a reconocer la autoría del fraude a Hacienda para "sellar" un "relato institucional de confesión y culpabilidad".
"No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena", ha denunciado la acusación particular.
Rodríguez Ramos ha aseverado que eso también convirtió a su cliente en "moneda política" porque dicho "relato" se "actualiza diariamente en la política de comunicación del Gobierno de España, con el ministro de Justicia a la cabeza". "Tenemos a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular", ha lamentado.
Se trata de "una maquinaria de comunicación" que ha recalcado que le ha generado importantes daños, tanto económicos como personales, al margen de los legales. "¿Pero qué defensa se va a practicar?", ha espetado, en alusión a la causa contra González Amador por fraude fiscal.
El abogado ha aducido que, si lo que se quería por parte de Fiscalía era "neutralizar" un "bulo", "no era necesario" incluir en ese comunicado que la defensa de González Amador ofrecía confesar.
"Los medios que usan los políticos para la revelación no valen para el Ministerio Fiscal, (...) que tiene el deber de reserva y sigilo (...) Seguramente ese fue el error del acusado", ha resuelto.
Al igual que la defensa, la acusación particular y las populares --del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír y Vox-- han examinado en detalle los indicios recabados por el instructor pero, en su caso, para apuntalarlos, rechazando las alternativas "inverosímiles" lanzadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía.
Así, han visto "sorprendente" que los periodistas que testificaron que tenían la información revelada --las negociaciones de conformidad-- antes que el fiscal general no la publicaran cuando la recibieron; que se haya deslizado que "incluso la señora de la limpieza" pudiera acceder al material y filtrarlo; o que el encargado de protección de datos de Fiscalía justifique "quiebras de seguridad".
El ICAM, en particular, ha atacado el argumento estrella de la defensa al plantear si, incluso admitiendo que "9 periodistas y una política" --la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera-- manejaban ya la información, "una divulgación 'erga omnes', frente a todo el mundo, por parte de la más alta autoridad de la Fiscalía no tiene ningún tipo de consecuencia".
También ha criticado el final de la intervención de García Ortiz, cuando dijo que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende", al considerar que, si bien puede ser "poética", también es veladamente autoincriminatoria.
