MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El alto tribunal ha hecho pública este viernes la sentencia con la que revoca así la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de ordenar a la Junta abrir ese expediente sancionador y mantiene que los partidos de la oposición tienen la obligación de ejercer el control parlamentario, labor de debe ejercerse a través de "instrumentos específicos que les dan garantía concreta para asegurarles la autonomía" pero eso "no se extiende a la legitimación para actuar en el proceso contencioso-administrativo".
"La condición de parlamentario no es un plus que permita gozar de ella a falta de un derecho o interés legítimo que sea vulnerado por la actuación administrativa", subraya la sentencia, que también reitera que el control sobre el Gobierno se ha de ejercer "directamente con los medios reconocidos en el seno de las relaciones entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno o ante la opinión pública" pero eso "no se prolonga al o implica el control judicial".
Así las cosas, considera que la sentencia del TSJA que ordenó la apertura del expediente sancionador ha aplicado "incorrectamente" la Ley de la Jurisdicción y la jurisprudencia y, no solo ha llevado "acríticamente al ámbito distinto la doctrina sobre la legitimación de quien recurre el archivo de su queja por el CGPJ" sino que además "la ha ampliado al extenderla a la pretensión de incoación de un procedimiento sancionador".
Por otro lado, el alto tribunal reconoce que la "notoriedad" de este asunto, incluida la existencia de otra denuncia contra Chaves por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, que fue archivada al no encontrar el Supremo indicios de ello, "ha podido dificultar la correcta percepción de las cuestiones a resolver en el proceso" aunque "ninguno de esos factores altera los términos en que está definida la legitimación que ha de tener el recurrente ni varía el alcance de la que corresponde al denunciante".
Con la sentencia la Sala ampara el recurso presentado por la Junta andaluza contra la sentencia del TSJA que, en enero de este año, anuló el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 31 de julio de 2009, que eludió expedientar a Chaves, e instó al gobierno autonómico a abrirle un expediente sancionador.
La resolución del TSJA exponía que la decisión de los consejeros de la Junta "vulnera el reglamento de la potestad sancionadora, e ignora los principios constitucionales consagrados en los artículos 103.1 y 9.3 de la Carta Magna".
El tribunal andaluz consideraba que no habían quedado debidamente justificadas las actuaciones previas que previene la norma porque "en lugar de determinar con la mayor precisión posible los hechos denunciados, sin actividad investigación alguna, se han limitado a elaborar unos informes jurídicos interpretativos sobre el precepto que se denunciaba infringido, el apoderamiento en relación con la actuación ante la Administración o el artículo 18 de la Ley de Procedimiento, con la única finalidad de exculpar "ab initio" al alto cargo".
El tribunal andaluz añadía que lo "realmente trascendente" no era si la Junta tenía o no conocimiento de la relación de Paula Chaves con la empresa Matsa, sino si Chaves, cuando presidió el Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2009, ratificando la subvención a favor de esta empresa, conocía la relación contractual de su hija con esta.
En opinión del TSJA, la presencia de Chaves en el procedimiento de concesión de incentivos a Matsa podría suponer un incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos y exigía "una mínima investigación" dada la "gravedad evidente" de la cuestión.
