SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
La juez Mercedes Alaya investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Hasta el momento, la Consejería de Empleo ha detectado un total de 72 prejubilaciones totalmente falsas, extremo que investiga la citada instancia judicial.
En el marco de esta investigación, y por medio de un auto dictado el pasado día 27 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya cita a las 10,30 horas de este jueves a Antonio González Pérez, cuya declaración estaba prevista inicialmente para el pasado día 29 de septiembre, pero que fue suspendida debido a un error en la notificación. Asimismo, y a las 12,30 horas, prestará declaración Antonio Arquero García.
Según la juez instructora, este vecino de la localidad de El Pedroso, "prevaliéndose indiciariamente de su amistad" con el ya ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, "ha sido beneficiario de una póliza de rentas de supervivencia subvencionada íntegramente por la Dirección General de Trabajo", todo ello "sin que conste ni solicitud ni concesión de subvención o ayuda al mismo".
OTROS FALSOS PREJUBILADOS EN 'SALDAUTO'
El pasado día 29 de septiembre, Rafael Rodríguez Fuentes, extrabajador de 'Muebles de Madera Promi' y prejubilado con cargo a un expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por 'Saldauto', pese a que jamás ha trabajado en ella, declaró que "no sabe lo que es un ERE" aunque figurase en el comité de empresa, que "no leyó" la póliza de seguro de rentas que firmó para adherirse precisamente a un expediente de regulación de empleo y que la Junta de Andalucía le ha "metido en un ERE que no es el suyo".
Ese mismo día también estaba citado Francisco de Paula Hernández Diánez, incluido también en el ERE de 'Saldauto', quien se acogió a su derecho a no declarar.
