Diario del Derecho. Edición de 19/09/2018
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 27/01/2012
 
 

Pide "inmediata ampliación" de plantilla de funcionarios del juzgado

Anticorrupción pide a la juez de los ERE que requiera a la Junta las ayudas denegadas entre 2001 y 2011

27/01/2012
Compartir: 

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado también a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, que requiera a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para que remita una información "detallada" de los expedientes de denegación de ayudas sociolaborales solicitadas a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social por personas, empresas o entidades locales desde el año 2001 hasta el 2011.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

En un comunicado de prensa, la Fiscalía Anticorrupción pone de manifiesto que, "no habiendo considerado la magistrada procedente requerir los expedientes de denegación de ayudas", procede requerir a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo "para que certifique relación detallada, vistos los expedientes, de personas, empresas o entidades locales que habiendo solicitado formalmente ayudas sociolaborales de carácter excepcional desde 2001 hasta 2011, se les haya denegado la misma".

Sobre este particular, la Fiscalía Anticorrupción argumenta que tal petición realizada a la juez Mercedes Alaya se sustenta en la "necesidad" de "contar con elementos de juicio para discernir los criterios utilizados para la utilización de los fondos públicos objeto de los delitos que se investigan", así como para "el buen fin de la investigación y la necesaria concreción de la imputación" de las personas supuestamente implicadas en los hechos.

Por estos mismo motivos, reitera su petición --ya acordada en un auto de junio de 2011-- de que se requiera a la Junta "para que aporte el resto, hasta la totalidad, de los "expedientes" de las ayudas a empresas dadas a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)", considerando "necesario" que se examine "la totalidad de los expedientes citados y no solo los de mayor cuantía, al poder tratarse las ayudas de menor cuantía de ayudas a empresas ligadas de manera expresa o simulada, directa o indirectamente, a un mismo grupo de personas próximas o concertadas con los imputados e investigados en esta trama fraudulenta".

TÉCNICOS DE AUXILIO JUDICIAL

Asimismo, también demanda la "necesaria e inmediata ampliación de la plantilla de funcionarios" del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dado el "innegable esfuerzo que tanto para la magistrada instructora, Mercedes Alaya, como para la plantilla del Juzgado supone la presente causa, no sólo por la inabarcable amplitud del objeto de investigación sino también por la enorme complejidad añadida de la misma".

Igualmente, pide que se reitere el requerimiento a la Agencia Tributaria para que designe "a la mayor brevedad" un equipo concreto de técnicos que realice funciones de auxilio judicial, "facilitando así el avance de las investigaciones" de la Policía Judicial, que a este respecto cuenta ya con la ayuda de una persona específica designada por la Dirección General de Seguros.

Entre otras peticiones, destaca la que realiza a la juez Mercedes Alaya para que le dé traslado "de toda la documental aportada a la causa", con referencia expresa a la documentación remitida por la Intervención General de la Junta y por IDEA.

ACTIVIDAD "REAL" DE SOCIEDADES

De otro lado, y con el objetivo de "detectar y contribuir a analizar las relaciones que puedan haber existido" entre las personas y sociedades perceptoras de fondos, las sociedades mediadoras, las compañías de seguros, las sociedades que hayan prestado servicios de asesoramiento técnico y jurídico y los imputados en la causa, pide que se realice un primer estudio de las relaciones entre todos ellos desde el año 2001, "de forma que se puedan dar indicios de posibles vías de retorno de fondos públicos percibidos" por las sociedades beneficiarias y las compañías de seguros.

Además, reclama "profundizar" en la actividad "real" de sociedades que "hayan podido ser utilizadas para facilitar el ilícito enriquecimiento de imputados así como para determinar el destino de los fondos percibidos que son objeto de esta causa".

Noticias Relacionadas

Comentarios

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

  1. Estudios y Comentarios: El viaje de Puigdemont; por Alfonso-Luis Calvo Caravaca, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III y Javier Carrascosa González, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia
  2. Tribunal Supremo: No procede el reconocimiento de gran invalidez instado por un trabajador que antes de su alta en la SS ya necesitaba la ayuda de una tercera persona y cuya situación clínica se agravó con posterioridad
  3. Tribunal Supremo: La Sala rectifica su doctrina y declara que no es necesario que el contrato de relevo sea indefinido y a tiempo completo cuando se celebran para cubrir jubilaciones parciales con reducción de jornada y salario superior al 75%
  4. Legislación: Accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
  5. Estudios y Comentarios: De másteres, doctorados y universidades; por Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo
  6. Actualidad: El Supremo anula el registro de Competencia a la sede de Repsol en 2013 y ordena devolver la documentación incautada
  7. Estudios y Comentarios: Prisión provisional justificada; por Plácido Fernández-Viagas Bartolomé, letrado de la Asamblea Legislativa y magistrado jubilado
  8. Tribunal Supremo: No procede la acción de saneamiento por evicción motivada por la inclusión en el inventario de la herencia de los progenitores de los litigantes de una finca ganancial que fue vendida por el padre a uno de sus hijos
  9. Tribunal Supremo: En un procedimiento civil no toda ocultación de un hecho que, de haber sido puesto en conocimiento del Juez, habría contribuido a la justicia de la resolución, puede considerarse como constitutiva del delito de estafa procesal
  10. Tribunal Supremo: No existe despido si no finalización del contrato de obra o servicio de portería en un edificio público, cuando después del cese del trabajador el servicio se adjudica a otra empresa y en el convenio colectivo no se impone la sucesión

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2018

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana